Luego de la estruendosa derrota electoral el pasado seis de diciembre, el gobierno de Venezuela busca retener el poder, instalando un inédito Parlamento Comunal que imita las competencias de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución.
“Yo voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal, y ese Parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el martes. Aunque parte de los dirigentes chavistas y la oposición minimizaron ese anuncio, otros instan a investigar supuestas irregularidades en los comicios.
El Parlamento Comunal, que fue juramentado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el último día de sesiones de la legislatura 2011-2016, es parte de una estrategia mucho más ambiciosa que apunta a no reconocer la abrumadora victoria de la oposición el 6 de diciembre.
El jefe del comando de campaña oficialista, el alcalde del municipio Libertador (centro oeste de Caracas) Jorge Rodríguez, anunció que pedirá a la Fiscalía General que investigue “las artimañas sucias utilizadas por la oposición” durante los comicios. El chavismo asegura que en el Estado de Amazonas, un gran territorio rural situado al sur del país, la gobernación, que está en manos de la oposición, pagaba entre Bs 2.000 (10 dólares a la tasa de cambio oficial Simadi) y Bs. 5000 (25 dólares) por cada voto. “Se trata de una violación a la Constitución, a las leyes electorales y un intento de vulnerar el sistema electoral”, recalcó el funcionario.
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El periodista Nelson Bocaranda sugirió el martes que el Gobierno va a impugnar la elección de 26 diputados, alegando irregularidades similares a las descritas por el alcalde Rodríguez. Todo ello con el objetivo de impedir que, con la mayoría calificada obtenida en las elecciones, la oposición pueda legislar en sentido contrario al espíritu del modelo económico chavista —dado a los controles de precios y a la asfixia del sector privado— y a favor de una apertura de la economía. Cuando se instale el Parlamento, a partir del próximo 5 de enero, el chavismo no podrá darle cariz legal a todas las decisiones políticas que apuntan a consolidar un proyecto revolucionario.
El escándalo generado por el anuncio de la creación del Parlamento Comunal ha provocado que parte del chavismo, que ya no funciona como una estructura obediente a un solo mando, como en tiempos de su creador, haya intentado matizar esa impresión. El diputado electo por el partido de Gobierno Ricardo Molina aseguró a la televisora local Globovisión que el Parlamento Comunal no será un cuerpo deliberativo paralelo. “Se trata de que el poder popular tenga una base legal que le permita organizarse para definir su futuro, con una delimitación de competencias, definidas en la ley”, explicó.
La oposición ha restado importancia al anuncio, aunque va a tomar recaudos. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, ha dicho que en la Constitución venezolana no se menciona la palabra comuna. “El único Parlamento que existe en este país es la Asamblea Nacional”. “Si se ponen necios”, dijo en referencia a los asambleístas electos del Gobierno, “nosotros pondremos a funcionar la asamblea con nuestra mayoría calificada de 112 miembros”.
El Poder Popular es una entelequia creada por el chavismo, no está incluida en la Constitución, pero sí tiene una ley y un ministerio, y que se define como “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo”. El Parlamento Comunal sería la institución que en teoría lo representa y que nunca había entrado en funciones, perdido en la letra muerta de la Ley Orgánica de Comunas, una de las cinco leyes comunales que en diciembre de 2010 el entonces presidente Hugo Chávez, investido con poderes habilitantes, impuso para la creación de un Estado Comunal que se quedó en ciernes. Las leyes no han pasado de ser una mera declaración de intenciones, sin efectos prácticos.
