La decisión del máximo tribunal era ampliamente esperada por unos 5 millones de indocumentados -de los 11.3 millones que viven en Estados Unidos- que fueron amparados por la acción ejecutiva emitida por Obama el 20 de noviembre del 2014.
En la práctica, este decreto amplió una protección a jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años (dreamers), carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 30 años al 1 de enero de 2010.
Y también protegió a padres indocumentados de ciudadanos y residentes permanentes que estaban en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2010 y no tienen antecedents penales.
Estos dos amparos, conocidos como DAPA y DACA, también conceden permisos de trabajo renovables cada tres años.
Este decreto quedó en suspenso el 16 de febrero de 2015, cuando una medida cautelar de un juez de Texas detuvo el programa tras una demanda presentada por un grupo de 26 estados liderados por Texas. Tras una serie de fallos jurídicos, en noviembre el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans decidió –en una decisión 2 contra 1- mantener el bloqueo fijado por el juez de Texas.
Los 26 estados (24 gobernados por republicanos) argumentan que Obama fue más allá de sus funciones como presidente con su acción ejecutiva, una de las cerca de 220 que ha emitido durante su Gobierno. También alegan que la medida viola la Constitución.
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La decisión de ester martes permite que entre marzo y mayo la corte escuche los argumentos del gobierno y de los 26 estados demandantes, explicó a Univision Noticias Ezequiel Hernández, abogado experto en temas migratorios. La decisión final podría ser divulgada en junio, agregó.
El anuncio del máximo tribunal de justicia ocurre en momentos en que la comunidad de inmigrantes está atemorizada por una serie de redadas que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en ingles) lanzó a inicios del año.
En estos operativos, que se concentraron en el primer fin de semana de enero, agentes federales arrestaron a 121 indocumentados en Carolina del Norte, Georgia y Texas. Ellos, según las autoridades, entraron a Estados Unidos después del 1 de enero de 2014, no tenían causa de asilo y contaban con una orden final de deportación.
El TRAC de la Universidad de Syracuse reportó el jueves que en 18 meses las cortes de inmigración emitieron 18,607 órdenes de deportación a mujeres migrantes con niños y que el 86% de ellas no tuvo representación legal.
El martes la directora de polìtica interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo a Univision que el gobierno no detendrá su política de deportaciones de migrantes centroamericanos que no tienen causa de asilo y recibieron una orden de expulsión del país.
Obama anunció la acción ejecutiva 18 meses después que el Senado aprobara, el 27 de junio de 2013, un plan de reforma migratoria (S. 744) que incluyó un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales. El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes frenó el proyecto argumentando que no confiana en que el presidente haría cumplir la ley si debatía y aprobaba la reforma migratoria.
