Apple y su iPhone, la Justicia federal y el FBI, y la investigación del ataque terrorista de San Bernardino son los ingredientes de una polémica en que se cruzan la seguridad nacional y la privacidad individual.
La empresa tecnológica dijo que está dispuesta a resistir una orden de una jueza de que desbloquee el teléfono de uno de los autores del ataque en California.
Esto desató un debate encendido —incluso entre nuestros lectores— sobre si las agencias de seguridad deben tener acceso a la información privada que contienen los dispositivos digitales.
Aquí, respondemos algunas de las principales dudas sobre el caso y sus consecuencias.
¿Qué es lo que quieren el FBI y el Departamento de Justicia?
Uno de los atacantes de San Bernardino, Syed Farook, tenía un iPhone que le dieron en su trabajo en el condado. Todos los iPhones desde 2014 tienen una función que borra su contenido si alguien intenta desbloquearlos al ingresar muchas contraseñas erróneas.
Las autoridades quieren que Apple desarrolle una solución tecnológica que le permitiría intentar miles o millones de contraseñas hasta desbloquearlo.
La Casa Blanca, a través de su vocero Josh Earnest, apoyó la postura de los investigadores y el fallo de la jueza Sheri Pym. “Deberían tener acceso a este teléfono —dijo— y Apple debería desactivar la función de borrado automático de seguridad del teléfono”.
¿Por qué Apple se niega?
La empresa cree que crear esta herramienta sentaría un precedente peligroso, ya que volvería vulnerable cualquier otro teléfono.
Su director general Tim Cook escribió en un comunicado: “El gobierno indica que esta herramienta se podría usar sólo una vez, en un teléfono. Pero eso, simplemente, no es cierto. Una vez creada, esta técnica podría ser usada una y otra vez, en un número indefinido de dispositivos. En el mundo físico, sería el equivalente de una llave maestra capaz de abrir cientos de millones de cerraduras, desde restaurantes a bancos a tiendas a hogares”.
¿El FBI no puede desbloquear el teléfono a la fuerza?
Su director, James Comey, dice que no.
“San Bernardino (es) una investigación muy importante para nosotros —dijo en una audiencia en el Senado hace unos días—. Todavía tenemos un teléfono de uno de esos asesinos que no hemos podido abrir. Ya van más de dos meses y seguimos trabajando en ello”.
¿Por qué este caso es importante?
Porque representa un ejemplo claro de cómo la seguridad pública puede chocar con la privacidad de los individuos.
Éste ha sido un debate muy fuerte entre las agencias de seguridad, que quieren más acceso a las comunicaciones digitales, y la industria tecnológica, que no quiere perder la confianza de sus usuarios.
Comey, del FBI, aseguró ante el comité de Inteligencia del Senado que, si las empresas se niegan a obedecer estas órdenes judiciales, “el riesgo es que no podremos demostrar nuestras investigaciones y algún tipo malo va a seguir libre”.
ITI, un consejo de la industria que representa a Apple, Google, Facebook y muchas empresas más, mandó el año pasado una carta al presidente Barack Obama en que dijo estar en contra de “cualquier política o medida que debilitaría el encriptado como una herramienta disponible y eficaz”.
“La confianza del consumidor en los productos y servicios digitales —agregó— es un componente esencial que permite el crecimiento económico continuado del mercado online”.
¿Qué es la ‘puerta trasera’ de un dispositivo digital?
El término se usa como referencia a una tecnología que esté disponible en los dispositivos encriptados (como los teléfonos móviles) para permitir a las agencias de seguridad acceder a datos privados luego de obtener una orden judicial.
“Nos pidieron crear una puerta trasera para entrar al iPhone”, escribió Cook, el director de Apple. “El FBI quiere que creemos una nueva versión del sistema operativo del iPhone, que esquivaría varias funciones de seguridad importantes, y lo instalemos en un iPhone encontrado durante la investigación. Si cae en las manos equivocadas, este software, que hoy no existe, tendría el potencial de desbloquear cualquier iPhone al que alguien tenga acceso físico”.
Sin embargo, Comey, del FBI, negó que eso sea lo que su agencia busca. “No quiero una puerta trasera, no quiero una ventana, no quiero una puerta de vidrio deslizante —dijo ante el Senado—. Lo que quisiera es que la gente cumpla con las órdenes judiciales”.
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Kevin Bankston, del Instituto por la Tecnología Abierta, opina que lo que la jueza Pym le ordena a Apple es “crear un software maligno para socavar las medidas de seguridad de su propio producto (…). Según un sondeo que hice de los tecnólogos que debaten el tema en Twitter, no está claro aún si Apple puede hacer eso técnicamente ni qué tan difícil sería”.
¿El gobierno sólo usaría estas herramientas para investigar a posibles terroristas?
No. Comey, del FBI, dijo que el acceso a los teléfonos serviría para eso, pero “sobre todo” para investigaciones de polícias locales y estatales. (Su declaración está a las 1:05 horas del video).
“Porque nuestras vidas son cada vez más digitales, estos dispositivos van a tener la evidencia de pornografía infantil, las comunicaciones que alguien haya tenido antes de ser asesinado o de desaparecer, la evidencia que será necesaria para resolver un crimen —dijo—. E incluye cosas como accidentes de coche”.
“Tiene un impacto en nuestro trabajo de seguridad nacional —agregó—, pero sobre todo es un problema que ven las agencias de seguridad locales”.
¿Qué precedente sienta para la privacidad de los usuarios?
Cook, de Apple, argumenta que es “un precedente peligroso”. Los expertos legales de organizaciones progresistas están de acuerdo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) dijo en un comunicado que “ésta es una medida sin precedentes, sin criterio e ilegal del gobierno. La Constitución no permite al gobierno obligar a las compañías a que hackeen los dispositivos de sus clientes (…) Si el FBI puede obligar a Apple a hackear los dispositivos de sus clientes, entonces también podrá hacerlo cualquier régimen represivo en el resto del mundo”.
“Esto no se trata de un solo iPhone”, asegura Bankston, del Instituto por la Tecnología Abierta. “Se trata de todos nuestros programas y todos nuestros dispositivos. Y si éste precedente queda establecido significará un desastre digital para la confiabilidad de las computadoras y teléfonos móviles de todos”.
¿Serviría eso para atrapar más terroristas y criminales?
No, dice un relevamiento de programas de encriptado que acaba de publicar Bruce Schneier, investigador invitado en la Universidad Harvard.
Los criminales pasarían con facilidad a usar productos de compañías no estadounidenses para evitar a las agencias de seguridad, asegura Schneier, que encontró más de 500 de esos programas.
“Una ley estadounidense que hiciera obligatorias las puertas traseras afectaría primero a la gente que no está preocupada por ser vigilada por el gobierno (…) —dice el estudio—. Estas personas quedarían expuestas a abusos de esas puertas traseras por parte de criminales cibernéticos y otros gobiernos”.
¿Qué sigue en el caso judicial?
Apple tiene cinco días para decirle a la jueza si cree que puede cumplir su orden. Cook ya anticipó que la empresa se negará.
“Nos oponemos a esa orden, que tiene implicaciones más allá del caso que se dilucida”, afirmó. Agregó que quiere un debate público sobre este tipo de medidas.
Una vez que escuche la negativa oficial, la jueza “puede mantener la orden original, cambiarla o no ordenar a Apple que dé asistencia” al FBI, explica Josh Bell, vocero de la ACLU.
“El lado que pierda podrá apelar a las cortes superiores”.
¿Hay otro camino que no pase por los tribunales?
La industria tech, a través del consejo ITI, apoya la iniciativa bipartidista de ley ENCRYPT, que busca impedir que los estados promulguen sus propias leyes antes que el Congreso decida sobre la materia.
Pero ENCRYPT no ataca el tema principal, sólo busca frenar un par de proyectos de ley anti-encriptado en California y Nueva York.
El senador demócrata Mark Warner y el congresista republicano Michael McCaul propusieron hace poco crear un comité nacional de expertos en seguridad y tecnología que debata el tema y proponga soluciones.
Pero, eso sí, ya adelantaron que se oponen a las “puertas traseras” porque debilitarían los sistemas de información aun más.
