El presidente de EEUU, Barack Obama, propondrá un candidato con una “mente legal espectacular” preocupado por la democracia y el Estado de derecho, para sustituir en el Tribunal Supremo al magistrado Antonin Scalia, fallecido este sábado a los 79 años, a pesar de la amenaza de veto de la mayoría republicana del Senado.
“La Constitución es muy clara acerca de lo que se supone que debe suceder ahora”, dijo Obama durante una conferencia de prensa después de una reunión en California con los líderes del sudeste asiático.
Destacó que la Constitución exige que el presidente nomine a alguien para el corte y que el Senado debe confirmarlo o rechazarlo. “No hay ninguna ley no escrita que diga que sólo se puede hacer a años de distancia“, dijo Obama. “Eso no está en el texto constitucional”, enfatizó Obama.
En la misma línea, el mandatario dijo que su intención es designar “en el tiempo necesario a un candidato muy cualificado“.
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La muerte este sábado a los 79 años del juez Antonin Scalia abrió automáticamente una fiera batalla entre Obama, que asegura que propondrá a un sustituto antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2017, y la oposición de la mayoría republicana del Senado, que rechaza confirmar a cualquier candidato del presidente.
Durante su rueda de prensa, el mandatario no dio pistas sobre si baraja a un candidato moderado, aunque señaló que “presentará a alguien cualificado de forma indiscutible para el asiento” y que, incluso alguien con opiniones políticas diferentes a las suyas, considerará que el candidato actuará con “honor e integridad”.
“Espero que hagan su trabajo”, dijo Obama sobre los senadores republicanos, que creen que el nuevo presidente elegido en las elecciones de noviembre es el que debe de nombrar al nuevo juez, de forma que el asiento de Scalia quedaría vacío 11 meses hasta que el mandatario deje la Casa Blanca, en enero de 2017.
“Casi nos hemos acostumbrado al obstruccionismo del Senado”, criticó Obama, quien aseguró tener 14 nominaciones esperando a ser aprobadas por la Cámara alta, a la que la Constitución de EEUU otorga la potestad de aprobar o rechazar las nominaciones del presidente.
