Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, no tiene tiempo para recuperarse del escándalo de la semana pasada, cuando la operación anticorrupción Lava Jato salpicó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de lucrase con una trama que desangró a la petrolera estatal Petrobras. Rousseff tiene por delante una semana de enfrentamientos en el Congreso, donde su base de apoyo es cada vez más inestable; el domingo está programada una gran protesta contra la gestión del Partido de los Trabajadores (PT), y el proceso de destitución en su contra ha revivido.
El impeachment a la presidenta que tramita la Cámara de Diputados estaba congelado desde finales del año pasado debido al descanso de los parlamentarios brasileños. El Supremo Tribunal Federal, la corte de más alto rango de Brasil, publicó este lunes el paso a paso que debe seguir el proceso de destitución en el Congreso. El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de los principales adversarios del Gobierno, organizará la comisión especial que analizará la solicitud de impugnar a Rousseff.
Los opositores ya han prometido que obstruirán la agenda de votaciones hasta que se cree esa comisión. Y, en lo que dependa de Cunha, será un proceso rápido. El líder de la Cámara está acusado de ocultar dinero en cuentas secretas, en el marco también de la operación Lava Jato, y culpa al PT de desprestigiarlo.
Más acusaciones
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Hasta la fecha, aunque con una base débil, el Gobierno todavía contaba con los votos de algunos diputados que se consideraban independientes. Ahora, sin embargo, el Partido Socialista Brasileño (PSB), una de las formaciones que permitían a sus parlamentarios votar como quisiesen, llegó a un acuerdo para dejar de lado la neutralidad y pasarse a la oposición. Es decir, el PT tendrá que contar con 33 votos más, casi seguros, en contra de sus propuestas. Las primeras pruebas para el Gobierno serán en votaciones hoy y mañana, cuando el Congreso Nacional votará si apoya 16 vetos presidenciales a fragmentos de algunas leyes.
Rousseff conocerá con exactitud cuántos apoyos tiene en el Legislativo pocos días antes de las protestas contra el Gobierno, convocadas para el domingo. Para derribar los vetos presidenciales son necesarios los mismos votos que para destituir a un presidente: 257 de los 513 diputados y 41 de los 81 senadores. Si la Cámara es hostil y derriba los vetos, la gestión del PT tendrá que ir preparándose para nuevas tormentas.
Rousseff acusó el lunes a la oposición de dividir a Brasil con una “lucha política que crea problemas para la política, la economía, la creación de empleo y el crecimiento de las empresas”. Y es que, en plena crisis política, Rousseff lidia con un horizonte económico pesimista. El PIB de 2015 registró una caída del 3,8%. Es el peor resultado desde 1996 y no ayuda a mejorar los pobres índices de popularidad de la presidenta. Las últimas encuestas le dan solo un 11% de apoyo. Y fue antes de la detención de Lula.
