Europa cree tener controlado el acceso de los ciudadanos a las armas porque, a diferencia de EEUU, la adquisición es mucho más estricta. Pero la magnitud del tráfico ilegal y las lagunas legales que permiten comprar piezas desactivadas, fácilmente reutilizables, inquietan a las autoridades. A la espera de determinar si en Bruselas se emplearon algo más que explosivos caseros, el ataque al supermercado kosher en enero de 2015 en París, y el asalto frustrado al tren de alta velocidad entre Bruselas y París el pasado agosto revelan el riesgo de esas lagunas.
La principal fuente de armas en Europa proviene del mercado ilegal, un magma difícil de estimar. Y Bélgica, origen de la mayoría del arsenal de los atentados cometidos en París en enero de 2015 (contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado), concentra gran parte de ese tráfico. Hasta un millón de armas circulaban ilegalmente por este país hace ya 10 años, según una estimación del instituto de análisis Flemish Peace Institute basada en cálculos oficiales. Entre 2009 y junio de 2015, la policía belga registró 1.225 casos de tráfico ilícito, un volumen enorme para un país de 11 millones de habitantes.
Las instituciones comunitarias carecen de una estimación europea sobre el mercado negro. Al calor de los atentados de París del pasado noviembre, Bruselas impulsó medidas contra el tráfico de armas y el uso de explosivos. Casi todas las normas se resumen en una: compartir más información entre Estados miembros. Al igual que ocurre con los sospechosos de terrorismo, en un espacio de libre circulación resulta fundamental que las fuerzas de seguridad de un país informen a sus socios de las armas que pueden estar circulando fuera de control.
Esa información debe comunicarse al sistema de información de Schengen, una base de datos de uso policial. Pero si las notificaciones son deficientes en el caso de personas, la situación resulta más precaria en lo referente a las armas, según fuentes comunitarias. Aún así, ese registro ofrece un dato ilustrativo de la magnitud del problema. Las autoridades tienen constancia de que existen casi medio millón de armas de fuego perdidas o robadas desde mitad de los noventa. Una parte de ellas está en manos de delincuentes. Bruselas presiona ahora para que los países transformen su indignación por lo ocurrido en la capital belga en un mayor activismo a la hora de compartir datos.
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Apenas cinco días después de los ataques del 13 de noviembre en París, la Comisión Europea presentó un reglamento y una propuesta de reforma de directiva con dos objetivos: endurecer los criterios de desactivación de armas —una vez desactivadas, pueden ser adquiridas por cualquiera como un objeto no letal— y restringir la venta de armas semiautomáticas.
Piezas desactivadas
En el primer caso, la laxitud de algunos países a la hora de certificar que un arma ha sido desactivada ha impulsado al Ejecutivo comunitario a actuar. Francia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca presentan normativas muy garantistas, pero en otros Estados, sobre todo en el Este, la situación es la contraria. El terrorista que atentó en el supermercado judío de París, Amedy Coulibaly, empleó un arma adquirida legalmente en Eslovaquia porque estaba inutilizada. Posteriormente fue puesta de nuevo a punto para matar.
El estudio del Flemish Peace Institute cita algunos informes que aseguran que de la tienda eslovaca donde presuntamente se adquirió el arma de Coulibaly han salido hacia el extranjero 14.000 piezas neutralizadas, vendidas principalmente a través de Internet. “Tenemos que evitar que los terroristas y otros criminales puedan usar armas de fuego que han sido incorrectamente desactivadas. Pero la cuestión no se limita a los ataques terroristas. No podemos ignorar que se han usado armas legales en otros eventos trágicos, con niños muertos en escuelas o jóvenes en campamentos”, asegura una portavoz de la Comisión Europea.
Más allá de la desactivación, Bruselas pretende incluir las armas semiautomáticas más peligrosas dentro del grupo que solo puede ser adquirido por fuerzas de seguridad —nunca por ciudadanos comunes— y endurecer la venta por Internet. También restringir la venta a coleccionistas, una categoría hasta ahora ajena a las limitaciones en la adquisición de armas.
