Lilian Tintori resumió la inquietud que comparten millones de venezolanos, luego de que la noche de martes la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) aprobara la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. “¿Ahora qué, cuándo los van a liberar?”, preguntó ante los medios la esposa de Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, que está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde desde febrero de 2014 por impulsar protestas callejeras contra el presidente Nicolás Maduro.
La pregunta no tiene una respuesta sencilla. Cumpliendo su promesa electoral, los diputados de la Unidad Democrática (UD) votaron a favor del instrumento legal para liberar a los 78 presos y decenas de perseguidos por razones políticas en el país. Sin embargo, en la práctica, quien tiene la llave para abrir las rejas es Maduro, quien la misma noche del martes, mientras avanzaba el debate en el Parlamento, advirtió en cadena nacional: “Tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa, caballero”.
El juego está tan trancado como las celdas que encierran a decenas de dirigentes de la oposición venezolana. Siguiendo lo establecido en la Constitución bolivariana, la AN debe enviar el texto para su promulgación al Jefe de Estado, que tendrá un lapso de diez días continuos para fijar posición sobre la materia.
Maduro tiene tres opciones. La primera y menos probable sería que firmara el ejecútese de la norma tal cual como la redactó la Unidad Democrática. La segunda es que realice una serie de observaciones y la reenvíe a la Cámara, que podría tomarlas en cuenta o desecharlas para mantener intacto su proyecto. Este camino tampoco luce muy viable. La tercera y más factible es que la remita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –controlado por el Gobierno- para que evalúe su legalidad.
“Aquí entramos en el esquema de confrontación de poderes, un área gris y de incertidumbre”, resume el diputado opositor y experto en Derecho Constitucional, Juan Miguel Matheus. Valiéndose de una sentencia del Poder Judicial, que siempre respalda todas las decisiones del chavismo, el Ejecutivo puede frenar esta iniciativa del Legislativo y negar la amnistía que reclama la oposición.
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Mientras el presidente Maduro y los magistrados bloquean la puerta, los parlamentarios empujan para lograr su cometido. Inmediatamente después de aprobar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la mayoría opositora incluyó la discusión sobre la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que busca eliminar el control que el oficialismo mantiene sobre la todopoderosa Sala Constitucional.
La Unidad Democrática echa mano de una fórmula que ya aplicó el difunto presidente Hugo Chávez para modificar el equilibrio de fuerzas dentro del máximo juzgado del país. Se trataría de ampliar el número de integrantes de la Sala Constitucional, de 7 a 15, para evitar el permanente boicot del Supremo.
No obstante, este plan también chocará contra el férreo muro del TSJ. El jefe de la AN, Henry Ramos Allup, alertó que los magistrados rechazarán la propuesta opositora. “En el fondo, estas leyes demuestran que el Parlamento pasó a la ofensiva y que en defensa de su agenda está dispuesto a provocar una confrontación directa con el Poder Judicial”, comentó un legislador de la oposición, que prefirió resguardar su identidad.
Visiones contrapuestas
“Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas”, señaló Maduro en alusión a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, a la cual tachó de “ley criminal”. El chavismo dice que la norma beneficiaría a los responsables de los 43 asesinatos que se registraron en el marco de las protestas convocadas por la oposición a principios de 2014.
