El futuro político de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es cada vez más sombrío. Tras una larga sesión que comenzó el lunes a mediodía y terminó casi a las nueve de la noche de ese día, pródiga en nervios, gritos y abucheos, la comisión parlamentaria especial del Congreso aprobó la apertura del proceso de destitución parlamentaria (impeachment) de Rousseff por 38 votos a 27. Supone un significativo paso hacia el fin del mandato de la dirigente, quien acusó el martes explícitamente a su vicepresidente, Michel Temer, de ser “uno de los jefes de la conspiración” que, en su opinión, se gesta contra ella.
La sesión del lunes implica que la bola del impeachment, cada vez más grande y más ardiente, se desplace hacia el pleno del Congreso de los Diputados de Brasil. Será esta Cámara, de 513 parlamentarios, la que comience a decidir el viernes la suerte de la presidenta. Si un tercio de diputados se manifiesta en contra de la apertura del proceso de destitución, el impeachment se detendrá; de lo contrario, seguirá su camino hacia el Senado.
En esa Cámara, a primeros de mayo previsiblemente, bastará el apoyo de una mayoría simple para que el juicio político se celebre. Con una novedad decisiva: a partir de entonces, Rousseff será apartada del cargo provisionalmente mientras se la juzga. Muchos analistas consideran que una vez descabalgada del poder, Rousseff, cada vez más debilitada, no volvería.
La presidenta brasileña no dudó el martes en acusar al vicepresidente, Michel Temer, de ser “uno de los jefes de la conspiración” para echarla del cargo. “Cayeron las máscaras de los golpistas”, declaró Rousseff en alusión al audio divulgado por Temer —supuestamente por error— en el que el vicepresidente parece dar por hecho la destitución de la gobernante.
Cierto es que pocos creían que el Gobierno conseguiría ganar la votación del lunes. Pero la diferencia, 11 votos, se antoja mayor de lo esperado. Jacques Wagner, jefe de Gabinete de Rousseff, confesó por la noche que preveían unos cuantos votos más a su favor. Con todo, aún consideran que lograrán torpedear el proceso de impeachment este fin de semana, ya que el resultado del lunes es malo pero no catastrófico. Desde el otro lado, la oposición no disimula su alegría: “Ha sido una victoria clara. Y crecerá según se acerque el viernes”, dijo el parlamentario opositor Filho Mendonça.
La sesión, accidentada y nerviosa, llevó a los diputados a un estado de frenesí creciente. Unos, contrarios al impeachment, gritaban desatados: “¡No va a haber golpe!”. Otros, a favor del proceso, respondían, no menos enloquecidos: “Fuera el PT (Partido de los Trabajadores, formación de Rousseff y de Lula da Silva)”. Otros, más allá, replicaban a estos segundos: “Fuera Dilma”.
Los partidarios de la destitución recordaron que el motivo último de que se juzgue a la presidenta son las pedaladas fiscales, es decir, el maquillaje de las cuentas públicas para enjugar el déficit presupuestario, que constituye un motivo legal para llevar a cabo este proceso. Pero, además, añadieron razones puramente políticas: la impopularidad de Rousseff, la corrupción de Petrobras o la profunda crisis económica que atraviesa el país. Los contrarios recordaron que esas pedaladas fiscales son una mera excusa para llevar a cabo una suerte de Golpe de Estado envuelto en legalidad, ideado para echar del poder a alguien elegido en las urnas.
Los argumentos son los repetidos desde hace semanas, pero la cuestión clave es que el impeachment avanza inexorablemente hacia sus jornadas decisivas. Tanto Rousseff como el expresidente Lula confían en convencer a los 173 diputados necesarios para detener el proceso. Pero no va a ser fácil. Desde Brasilia, para conseguirlo, Lula negocia frenéticamente con parlamentarios indecisos prometiéndoles cargos o haciéndoles sentir su influencia y su peso político.
Nadie, hoy por hoy, se atreve a apostar por un resultado. Los periódicos publican gráficos que se renuevan constantemente con los diputados adheridos a uno y a otro lado. Pero hay una cincuentena larga de indecisos —o que se dicen indecisos— que se han convertido en clave y objeto de todas las miradas. Ellos decidirán con su voto el próximo fin de semana si el proceso sigue adelante y si, así, Rousseff da un paso más en dirección al abismo político.
Un procedimiento rápido para ir a juicio
El viernes comienza la votación en el pleno del Congreso. Durará tres días, hasta el domingo. Si dos tercios de la Cámara, compuesta por 513 diputados, está de acuerdo, el proceso se desplaza al Senado. En cambio, se detendría si un tercio (171 diputados) o más vota en contra.
Al Senado, el asunto llegaría a primeros de mayo. El calendario lo fija el Tribunal Supremo y probablemente será el 4 de mayo. En la votación para aceptar el caso bastará mayoría simple. Si el proceso sigue, Rousseff sería apartada del cargo provisionalmente, hasta 180 días, mientras se la juzga. El vicepresidente, Michel Temer, asumiría el cargo.
El fin del juicio, presidido por el responsable del Supremo, que los analistas sitúan a finales de mayo, despojaría a Rousseff de sus derechos políticos si así lo deciden dos tercios de los 81 senadores.
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