En mayo de 2012 el subdirector administrativo de un hospital público en Chihuahua, al norte de México, fue destituido de su cargo e inhabilitado por diez años para ocupar un puesto gubernamental tras descubrirse que era parte de una red de corrupción. Diversas denuncias que fueron investigadas por la Secretaría de la Función Pública en la clínica del ISSSTE -el instituto que le brinda atención médica a los burócratas- señalaban que el administrador con otros directivos de la clínica repartían puestos a sus familiares, ofertaban plazas dentro de la institución y sacaban de los almacenes medicamento controlado para venderlo por su cuenta.
El administrador se inconformó con la resolución de la Función Pública y el fallo no ha quedado firme. Su caso es uno de los miles que han sido impugnados y que la secretaría no ha logrado acreditar plenamente porque la integración de los expedientes es deficiente o se tarda demasiado tiempo en aportar más elementos a la investigación. Según datos de la institución en los últimos diez años ha impuesto 35.320 millones de pesos (unos 1.962 millones de dólares) en sanciones económicas, pero sólo ha logrado que el 10% de ese dinero sea pagado. Además en el mismo lapso ha sancionado a un promedio de 22 funcionarios al día por haber incurrido en diversos actos de corrupción, aunque no especifica cuántos de los servidores públicos han impugnado el fallo.
En México la secretaría de la Función Pública es la encargada de vigilar el desempeño de los servidores públicos y de auditar el gasto que estos hacen de los recursos federales a fin de prevenir el desvío del dinero público y evitar actos de corrupción. Las sanciones que se imponen a los funcionarios que violen la ley del servicio público puede ser amonestación, suspensión, destitución del puesto, sanción económica o inhabilitación. En lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto las multas han oscilado entre los 500 pesos (unos 28 dólares) hasta los 149,9 millones de pesos (unos 8,2 millones de dólares).
Una encuesta realizada por el centro de estudios de la Cámara de Diputados desvela que el 93% de los mexicanos considera que existe mucha o algo de corrupción en su país. El 61% cree que el Gobierno ha tenido poco o nada de éxito en combatirla. Los escándalos en la opinión pública como la cuestionada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y las acusaciones contra algunos gobernantes de los Estados por señalamientos de enriquecimiento ilícito, no han permitido que mejore la percepción de los mexicanos sobre el tema.
En México la corrupción es el impuesto más regresivo en México y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales que garantizan el desarrollo, como la salud, la educación, la seguridad y la justicia, considera Transparencia Mexicana. Además, a nivel internacional, México es el país más corrupto de los 34 que integran la OCDE.
La Función Pública ha impuesto 105.182 sanciones por diversos actos anómalos o corruptos entre 2016 y abril de 2016. En el 17% de los expedientes las penas que correspondieron a los servidores públicos fue la inhabilitación, en el 4% la destitución y en el 45% la amonestación, según información disponible en el portal de transparencia de la entidad. Además solo a uno de cada diez se le impuso una multa económica que es probable que al final de proceso administrativo no se salde.
Entre los casos que ha sancionado el Gobierno hay desde médicos que prescribieron incorrectamente algún medicamento o no comprobaron viáticos, hasta personal que participaba en complejas redes de corrupción. Por ejemplo, en Pronósticos para la Asistencia Pública, un organismo del Gobierno que organiza concursos para recaudar dinero que se destina a causas benéficas, cuatro funcionarios fueron sancionados porque simularon un sorteo millonario. Coludidos con otros empleados filmaron un sorteo de manera anticipada y privada, una vez que conocieron los números ganadores compraron los boletos y posteriormente se difundió el concurso por televisión. Su estafa quedó al descubierto y en agosto de 2012 la Función Pública dio a conocer que entre los involucrados estaba José Luis Jiménez Mangas, director de la institución, quien fue inhabilitado y sancionado con 88,7 millones de pesos.
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