El Departamento de Justicia no entregará la lista exigida por el mismo juez del distrito de Texas que el 16 de febrero de 2015 dejó en suspenso la entrada en vigor de los programas de la Acción Ejecutiva
El gobierno de Barack Obama anunció el martes que no revelará los datos de miles de dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés) exigidos por el mismo juez que el 16 de febrero del año pasado frenó la Acción Ejecutiva.
El Departamento de Justicia rechazó una orden emitida por el juez Andrew S. Hanen el pasado 19 de mayo, e indicó que no entregará una lista con los nombres de 50,000 jóvenes indocumentados beneficiados por el programa.
Hanen dio la orden en el marco de un juicio presentado el 3 de diciembre de 2014 por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos), quienes argumentan que Obama de extralimitó en sus poderes ejecutivos al tomar Acción Ejecutiva para amparar de la deportación a 5 millones de indocumentados y otorgarles un permiso de trabajo renovable cada tres años.
La Acción Ejecutiva ampara de la deportación a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y extiende la cobertura de la Acción Diferida para proteger a unos 800,000 nuevos jóvenes indocumentados conocidos como dreamers.
Las razones de Hanen
En el fallo del 16 de febrero del año pasado, Hanen frenó la entrada en vigor de DAPA y DACA prevista para el día 18 de ese mes. Pero semanas antes, el gobierno, que luego argumentó un error administrativo, entregó miles de permisos de trabajo a dreamers que estaban renovando la protección y en vez de otorgarles autorizaciones de empleo por dos años, como establece la Acción Diferida, emitió tarjetas por tres años de duración como estipula la Acción Ejecutiva.
El 19 de mayo, en un documento de 28 páginas, Hanen además de solicitar los nombres de los dreamers que recibieron las tarjetas equivocadas, también exigió que los abogados del gobierno tomen cursos de ética, ya que asegura que le mintieron sobre si ya había entrado en vigor la extensión de DACA.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) reconoció que unos 108,000 jóvenes de la lista de 1.2 millones de beneficiarios de la DACA de 2012 son los inmigrantes que solicitaron los beneficios de la ampliación del plan entre noviembre del 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció la Acción Ejecutiva, y febrero del 2015, cuando Hanen la detuvo.
Apelación en curso
Los abogados de la Administración Obama solicitaron a Hanen que reconsidere su petición del pasado 19 de mayo. En un escrito presentado ante la corte de Brownsville, el gobierno federal dijo que “las sanciones impuestas exceden la autoridad del tribunal e imponen un daño injustificado e irreparable al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y a miles de inocentes”.
El Departamento de Justicia anunció que elevará la petición al Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito con sede en Nueva Orleans, Luisiana, que tiene jurisdicción sobre Texas.
El director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés), León Rodríguez, dijo que entregar la información solicitada por Hanen “requeriría una violación sin precedentes del compromiso de confidencialidad” que adquiere el organismo con millones de inmigrantes.
Según Rodríguez, la divulgación de los datos ordenada por Hanen tendría un “efecto negativo” sobre la disposición de los inmigrantes a solicitar beneficios del USCIS, algo “preocupante” teniendo en cuenta que “no están acu\sados de haber participado en ningún delito”.
