Por Francisco Alvarez
Todavía se cuentan votos a más de tres semanas de unas elecciones que serán recordadas como un franco retroceso en los procesos electorales dominicanos, a pesar de la Junta Central Electoral (JCE) haber manejado, con poca transparencia, un presupuesto escandalosamente alto, cuyos datos irán saliendo poco a poco, pero se debe aprovechar todo lo ocurrido y la conciencia que se despierta ante el desastre, para comenzar a empujar nuevamente las soluciones que deben aplicarse para reducir los riesgos de que volvamos a tropezar con la misma piedra.
El primer reto a enfrentar es la renovación de los órganos electorales: la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las nuevas designaciones deben partir de la definición del perfil que se requiere en cada uno de estos órganos. No se trata de buscar personas químicamente puras, que sabemos no existen. Tampoco se trata de satanizar a un grupo para que otro suba, ni de escoger entre los que hacemos militancia en la sociedad civil organizada, pues el objetivo de los que así trabajamos no debe ser alcanzar posiciones públicas sino ayudar con el contrapeso que requieren los que llegan a estas funciones. Es sencillamente trazar por fin el perfil que deseamos de capacidad, integridad, experiencia, laboriosidad, responsabilidad, carácter, habilidad para trabajar en equipo e independencia.
Esta última característica, la independencia, excluye a miembros de partidos políticos por el conflicto de intereses que les representaría tener que tomar decisiones en contra de la legítima lealtad que poseen para con sus partidos, que no se puede borrar con una simple licencia o suspensión mientras cumplen funciones, pues no son computadoras a las que se les puede borrar la memoria. Sabemos que existen personas que son capaces de tomar decisiones independientes a pesar de tener un conflicto de interés, pero la regla debe ser evitar estos conflictos.
El PLD, que controla el Senado, que escogerá a los miembros de la JCE, y también controla al Consejo Nacional de la Magistratura, que escogerá a los miembros del TSE, tendrá la responsabilidad, una vez más, de decidir si hace lo que nunca se ha hecho, o vuelve a lo mismo de siempre, amparándose en los ejemplos dados en el pasado por el PRSC y el otrora PRD, de repartir posiciones entre los miembros de los partidos políticos, asegurándose siempre que el partido que controla, tenga una clara mayoría, dejando así el germen de las futuras crisis electorales.
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Despartidizar los órganos electorales es elemento clave en estos momentos en que la oposición trata precisamente de aprovechar la partidización actual para justificar los resultados electorales, a sabiendas de que existe una percepción de parcialidad debido a los vínculos partidarios de la mayoría de sus miembros. Estas posiciones no deben concederse para premiar a miembros de partidos políticos, o para conceder ventajas a amigos, pues sus miembros están llamados a ser administradores imparciales en el caso de la JCE y jueces igualmente imparciales en el caso del TSE, y de ellos dependerá no solo la legalidad sino también la legitimidad de las elecciones.
Pero no basta con independencia partidaria, pues el que llegue a una posición tan relevante debe haber acumulado crédito en la sociedad que permita asegurar su buen desempeño técnico o por lo menos reducir los riesgos de sus decisiones. Nada hacemos escogiendo a una persona independiente cuando le falta capacidad técnica y sobre todo integridad. O cuando es un llanero solitario, que no le gusta trabajar en equipo, a pesar de que será designado en un órgano colegiado. Claro que debe tener carácter, pero sin confundir autoridad con autoritarismo.
Distinto al TSE, donde todos sus miembros deben ser abogados, ya en la JCE esto es innecesario. A pesar de que la Constitución de 2010 le quitó a la JCE sus funciones contenciosas para atribuírselas al TSE, todavía se usa llamar “magistrados” a los miembros de la JCE, cuando ya no lo son. Sin embargo, la obsoleta ley electoral sigue requiriendo ser abogado para ser miembro de la JCE. Esperamos que antes de la designación de los nuevos miembros de la JCE sea aprobada una nueva ley electoral que señale que para ser miembro de la JCE usted podrá tener una formación profesional que abarque la economía y finanzas, la ingeniería de sistemas y de procesos, la administración de empresas, además del derecho, entre otras profesiones liberales. Y que por fin tengamos en el futuro cercano una JCE multidisciplinaria, como lo ameritan las responsabilidades que recaen sobre este órgano de administración de procesos electorales.
El futuro de los procesos electorales en la República Dominicana debe comenzar cimentándose en un proceso de designación de los miembros de los órganos electorales que evite la imposición de la mayoría y genere la confianza necesaria para implementar correctamente el segundo paso que hay que dar, y que será objeto del segundo y siguientes artículos de esta serie: dotar al país de una ley de partidos y una nueva ley electoral, que garantice procesos eficientes con la equidad que manda la Constitución.
