Este lunes 20 y el próximo 27 son las dos fechas que restan en el calendario de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para conocer el fallo sobre la Acción Ejecutiva migratoria de Barack Obama.
Dos de los principales beneficios de la medida que amparan de la deportación a 5 millones de indocumentados, se encuentran temporalmente detenidos por un tribunal de Texas que atiende una demanda entablada por Texas y otros 25 estados (24 de ellos gobernados por republicanos).
Los programas afectados son:
- DAPA: ampara de la deportación a padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes; y,
- DACA Ampliado: extiende la cobertura de la Acción Diferida de 2012 para los dreamers.
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Los detractores de la Acción Ejecutiva argumentan que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos y que el programa viola la Constitución y las leyes.
En noviembre, tras un segundo fallo en contra emitido por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, el Departamento de Justicia le pidió al Tribunal Supremo que revise lo actuado por presidente.
Vigilia permanente
Mientras se resuelve la disputa legal, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes permanecen en vigilia desde comienzos de junio, cuando se abrieron las ventanas (ya se han cerrado cuatro) para conocer la suerte de los programas DAPA y DACA.
“Llevaremos a cabo una conferencia de prensa inmediatamente después de conocer el fallo”, dijo a Univision Noticias Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). El grupo permanece bajo una especie de “alerta” desde el pasado 6 de junio, cuando la Corte Suprema dio a conocer los primeros dictámenes del calendario de revisiones previstas para el periodo de sesiones 2016.
“Además estaremos organizando talleres y foros informativos para la comunidad en formatos digitales y en centros comunitarios”, agregó el activista.
Actividades similares se llevan a cabo en varias ciudades con alta concentración de inmigrantes hispanos, entre ellas Miami, Maryland, Houston, Dallas, Phoenix, Nueva York, San Diego, Charlotte, Boston y Atlanta.
Cabrera reiteró que antes y después del dictamen, “los indocumentados deben cuidarse del fraude y de los estafadores migratorios”.
