La libre expresión es el más importante de todos los derechos humanos, luego del de la vida, ya que sin él no habría herramientas para defender la vigencia de los demás derechos, afirmó ayer el doctor Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día, al participar del panel “La Libertad de Expresión Ante el Tribunal Constitucional” en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).
Participaron, además, Olivo de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y Nanphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho.
Molina Morillo indicó que es un tema al que debe dedicársele la mayor atención posible, no porque el periodista represente una clase especial, sino porque compete a todos los ciudadanos por igual, por tratarse de un asunto de primer orden.
TC y libre expresión. Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien defendió el fallo 0075-16 que elimina varios artículos de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, en relación a los “delitos cometidos por vía de la prensa”.
Indicó que aunque la sentencia no cierra el tema, sí siembra en terreno fértil la protección de la libertad de expresión y el rol particular que corresponde a la prensa para asegurar su dimensión colectiva y el control social de los funcionarios públicos.
“Corresponde a la prensa informar de manera responsable sin incurrir en expresiones difamatorias o injuriosas que nada aportan al debate público”, dijo.
La prensa, señaló Guevara, tiene en esta sentencia una garantía y protección que redundará en beneficio de la sociedad en general.Sentencia ambigua. En tanto, Olivo
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Indicó que por un lado la decisión elimina varios artículos sobre “delitos de prensa”, pero por otro ratifica tres que mantienen esas sanciones contra los periodistas.
“Si bien el alto tribunal declara nulos los artículos 30,31,34,37,46,47 y 48 de la Ley 6132, mantiene el 33, 39 y 40 que establecen penas desde ocho días hasta un año de prisión y multas a los que pudieren ser infractores en los llamados delitos de prensa”, expresó De León.
Consideró acertada la decisión de eliminar las penas por presunta difamación e injuria en perjuicio de instituciones y funcionarios del Gobierno.
Sin embargo, afirmó, debió eliminarse en el caso de los presidentes, ministros de gobiernos extranjeros, embajadores y ministros plenipotenciarios y otros agentes diplomáticos acreditados en el país.
Tomado de Hoy.com
