Por Olga Capellán/Polón Vásquez
Hace tiempo se viene hablando de una posible Reforma Policial y ahora casi convertida en una realidad, tras la resolución del Congreso Nacional Dominicano que da luz verde para que la misma se convierta en un hecho sin precedente, al aprobar una Ley Orgánica en dos lecturas consecutivas, aunque la misma solo se hizo de forma y no de fondo, al no establecer un escalafón salarial, que garantice una vida digna a cada uno de sus miembros sin tener que recurrir al macuteo, negocios ilícitos, peaje y a la extorsión, prácticas convertida en una cultura diaria en los diversos organismos coercitivos y represivos del Estado.
Tras la situación en que viven los agentes policiales y los reiterados escándalos por hechos dados y cometidos por la mayoría de los agentes del “orden Público”, pero gran parte de la ciudadanía es de opinión que la Policía Nacional no necesita una reforma, sino: una disolución inmediata de ese Cuerpo Coercitivo y Represivo del Estado, por entender que este organismo hace tiempo se apartó de los preceptos para el cual fue creado.
Este cuerpo más que agentes del orden público, lo que parece es ser dinosaurios de la época cavernaria, muestra de ello son los tantos casos que continuamente se vienen manifestando en perjuicio de la población, y el mejor de los ejemplos los expondremos a continuación:
Recientemente en Boca Chica un joven de 23 años y con problemas mentales, agentes del orden público le propinó una golpiza a puñetazos y con block, demostrando con ello que los agentes policiales muestran señales de ser más enajenados que su propia víctima.
De igual manera resultó ser muy extraña la muerte del recluso Francisco Odaris Peña, que se había entregado de forma voluntaria a la Policía Nacional en la ciudad capital, tras ser acusado de haber participado en el asalto al Banco Ademi en la comunidad de Jeremías en La Vega; estos dos primeros casos acontecidos en el mes de junio y bajo la dirección del general Nelson Ramón Peguero Paredes actual jede de la Policía Nacional.
La muerte de Cecilio Díaz y William de Jesús Batista Checo en el 2009 durante la administración de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quienes se encontraban esposados y custodiados por una patrulla policial, al ser vinculados con el secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez, hijo de un banquero de Nagua, y además la desaparición del contable Lic. Juan Almonte (alias Guzmán) de quién nunca más se supo de su paradero.
El caso DICAN relacionado al tumbe de 1,200 Kilos de cocaína cometido por los agentes policiales en un allanamiento realizado en la zona de Santo Domingo Este, en contubernio con funcionarios judiciales, por las cuales algunos de ellos guardan prisión y que fue llevado a cabo bajo el mandato del General Manuel Castro Castillo.
Espectacular fue la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo) en el año 1994, tras este haber escrito un artículo criticando las acciones del entonces presidente la república Dr. Joaquín Balaguer, este según versiones y tras haber sido interceptado por la policía nacional, tampoco se supo de su paradero a pesar de que del hecho han pasado más de 20 años.
Ahora es el propio jefe policial que pide una reforma, el Congreso ordena un Ley Orgánica, pero la misma es un arma de doble filos, dado que mediante la carencia, calidad, categoría y la mediocridad es la única forma de poder mantener toda la institución subordinada, subyugada é humillada para poder beneficiarse de ella: recuerden que los actos más atroces han sido cometidos por agentes policiales en su mayoría de altos rangos, muchos de los cuales en complicidad con algunos miembros de la justicia.
Como mejor ejemplo podemos citar: el asalto cometido en el Residencial La Mulata III en la ciudad de Puerto Plata, en el cual murió el empresario Peter Ebert Demetrick, ciudadano de nacionalidad alemana, donde los agentes cargaron con dos cajas fuerte conteniendo más de 60 millones de pesos, joyas y relojes de la marca Rolex y otros objetos de valores.
Para cometer el asalto la policía primero le acusó de ser una secta religiosa violenta y diabólica, dirigida por Peter Brunks, la acción criminal estuvo dirigida por los coroneles Roberto Santos Salcedo, Raymundo de la
Rosa Ogando, el teniente Odennis Francisco Féliz y un escuadrón de más de 30 agentes policiales, quienes se hicieron acompañar del fiscal de Sosúa, Ramón Cabrera Veras; este hecho aconteció el día 16 de Octubre del 2012, para ese entonces fungía de jefe policial el mayor general José Armando Polanco Gómez, y hasta la fecha el hecho criminal queda pendiente de resolver entre las autoridades dominicanas y las alemanas a quienes les deben una exhaustiva explicación.
El asalto a la fabrica lechera Parmalat, un acto delictivo con agravante de robo y porte ilegal de armas de fuego, en complicidad y asociación de malhechores, donde los participantes fueron agentes de altos rangos de diversas instituciones de los cuerpos represivos dominicanos, incluyendo de la Fuerza Aérea Dominicana, dos capitanes, un mayor y varios agentes de menor rangos, y dos generales que también fueron investigados sobre el hecho.
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Caso Paya:
Aunque al mayor Frederick Medina Abud lo excluyeran del expediente, ya contra él pesaba otro hecho criminal, la muerte de un vecino suyo, dueño de una panadería, sin embargo fue acusado por el único sobreviviente de la masacre de Paya, Orin Clinton Gómez, en el cual fueron asesinados 7 personas de nacionalidad colombiana y venezolana el día 7 de Agosto del 2008; el testigo dijo que Medina Abud fue quien le sacó violentamente de la residencia donde se encontraban, en la que también participaron los capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez.
Además, Miguel Peña Figuereo, el capitán de corbeta Roberto Augusto Valdez, los tenientes de navío Jesús Sánchez Peña, Jorge Luís Chalas George y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, el alférez Andrés Tapia Balbuena, lo que significa que en cada acto delictivo que se cometen en la República Dominicana se encuentran las manos criminales de agentes de altos rangos de diversas instituciones de los cuerpos coercitivos del país.
Pero el caso Paya no fue ni será el más espeluznante que se ha cometido en el territorio nacional, según informaciones dadas a conocer a través de Ciudad Oriental, el principal medio informativo de Santo Domingo Este, dos años antes fueron asesinadas 9 personas en “La Lomota”, comunidad
de Altamira, todos cometido por agentes de la DNCD, y según se dijo los actuantes lo hicieron cumpliendo órdenes superiores, aunque nunca se identificó quienes las impartieron.
De igual manera Normando García (alias Azabache) camarógrafo de Santiago de los Caballeros, que filmaría los hechos, este fue burlado por los agentes é impedido de grabar las escenas y fue asesinado un año y medio después.
También la matanza de Yaguate tuvo las manos criminales de agentes policiales, donde murieron 4 personas, incluyendo a Copelin, reconocido sicario de La Romana, un chofer, un agente policial y otro ciudadano.
Harold Manzano García, que se desempeñaba como el piloto ocasional del entonces presidente de la república, Dr. Leonel Fernández, quien operaba un helicóptero Bell-430, fue también acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes y dar soporte logístico a avionetas que lanzaban pacas de drogas en la zona sur del país, en la que también 2 de sus hermanos guardan prisión ligado al tráfico de sustancias prohibidas.
Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, jefe de operaciones de la DNCD, que durante 15 años trabajó para esa institución, fue extraditado a los EE.UU. vinculado a red del Don Quirino Ernesto Paulino Castillo, capitán del Ejército Nacional, y que guardo 10 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos luego de haber sido juzgado en el distrito sur de la ciudad de Nueva York.
Dentro de ese vaivén la capitana Raysa de la Cruz Olivares, supuestamente fue denunciada por Ramón Antonio Puente (alias Toño Leña) según informaron diversos medios de prensa nacionales, sin embargo ella desmintió haber tenido problema con la justicia, la ex oficial del ejército en el 2013 fue merecedora con el premio “La Agente del Año” por su gran labor desempeñada a favor de la institución antidroga.
Lo cierto es que después de tantos hechos criminales cometido a los largo del territorio nacional, el pueblo dominicano está seguro de que si se disuelve la Policía Nacional, el país respiraría un clima de tranquilidad, paz y sosiego y al mismo tiempo nos libraríamos de las atrocidades que
diariamente comete esa banda de malhechores, aunque sabemos también que existen agentes serios dentro de la institución y que no merecen ser catalogados como tal, pero ya la ciudadanía está cansada é impotente de ver como las autoridades dominicanas se han sentado solo a ver que pasen los hechos.
La Policía Nacional, bien podría llamarse institución del “Desorden Público”, porque está llena al parecer de enajenados mentales, delincuentes comunes, malhechores, narcotraficantes, sicarios y tigres selváticos, donde la institución todavía se entrena con las mismas metodologías trujillistas, es por ello que ante el fracaso de ese cuerpo coercitivo del Estado Dominicano, procede entonces disolverlo para que vuelva la tranquilidad y el sosiego a todo el país.
Por último y ante tal situación se concluye que la Policía Nacional y los diversos Cuerpos Represivos del país no necesitan reformarse, sino una disolución inmediata para crear nuevas instituciones capaces de proteger a la ciudadanía en general, tomando en cuenta que fue por lo que se creó, y no para servir de órganos mete miedo a toda la población, ya que la misma solo siente temor de ella.
