El Departamento de Justicia solicitó este lunes de manera formal a la Corte Suprema de Estados Unidos que reconsidere el caso de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, cuando la máxima corte esté al completo, con nueve jueces.
En junio, la Corte Suprema registró un empate entre sus cuatro jueces progresistas y sus cuatro jueces conservadores cuando estudiaba las medidas sobre inmigración decretadas por el mandatario y que beneficiarían a casi cinco millones de indocumentados, por lo que prevaleció el bloqueo decidido por una corte inferior.
El Supremo cuenta con un miembro menos tras la muerte de Antonin Scalia el pasado febrero y debido a la negativa de los republicanos, que controlan el Senado, a aprobar a un nuevo magistrado antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
La solicitud el gobierno de Obama también pone de relieve la negativa del Senado para considerar a Merrick Garland para que ocupe el lugar de Scalia.
Este martes se cumplen 125 días de que Obama nominó a Garland.
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La división del Tribunal Supremo supuso un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se hubieran beneficiado de esas medidas migratorias decretadas en noviembre de 2014 mediante acciones ejecutivas y dirigidas a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
Con esta petición, el Departamento de Justicia estadounidense pretende descerrajar el bloqueo en política migratoria que vive el país, con un Congreso totalmente polarizado y en control de los republicanos, que se niegan a someter a consideración cualquier legislación de reforma migratoria.
Los jueces no se pronunciaron sobre uno de los temas principales del caso: si Obama se excedió o no en su capacidad ejecutiva al promulgar por decreto las medidas migratorias, que tienen carácter temporal y permiten a los beneficiarios frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
La Casa Blanca ha defendido en varias ocasiones que Obama tiene poder para proclamar los beneficios migratorios, similares a otros promulgados en el pasado por dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush.
No obstante, durante todo el proceso judicial, los estados demandantes, en su mayoría conservadores y liderados por Texas, defendieron que Obama fue demasiado lejos y que el Congreso es el único con capacidad para hacer reformas tan significativas en inmigración.
