Este miércoles las miradas se dirigen a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que tratará la legalidad de un detalle de la ley conocida como “Obamacare” y decidirá el futuro de la reforma del sistema de salud que Barack Obama busca dejar como herencia.Thus, the erection giving medication can be attained http://opacc.cv/opacc/wp-content/uploads/2010/08/.._documentos_contabilistas_Modelo%2012.pdf generic viagra soft from pharmacies right at the doorstep. Black men are viagra for sale india http://opacc.cv/documentos/PLANO%20GERAL%20DE%20FORMACAO%20DA%20OPACC_ANO%20DE%202016-1.pdf in the highest risk group and represent approximately 270 cases per 100,000 men. Name brand vitamin supplements pay millions of dollars in advertising their product. viagra canada pharmacies You may get pills and jelly order viagra usa form.
En este debate eminentemente político, la más alta instancia judicial del país puede derribar uno de los pilares de la ley, lo que conduciría inevitablemente al derrumbe de toda la reforma, que es el objetivo de la oposición republicana tanto en el Congreso como en el ámbito judicial.
En junio de 2012, el presidente del máximo tribunal estadounidense, el conservador John Roberts, salvó la ley in extremis, al sumar su voto al de los cuatro jueces progresistas, que sostuvieron que la Corte no debía inmiscuirse en querellas políticas.
En junio de 2014, los enemigos de la reforma sanitaria ganaron una batalla cuando la Corte Suprema estimó que nada obligaba a un empresario a pagar medios anticonceptivos a sus empleadas si eso se oponía a sus convicciones religiosas.
Esta vez, al igual que en 2012, los nueve magistrados tienen en sus manos la suerte de la ley, que benefició ya a más de diez millones de estadounidenses.
“No piensen que será el fin de la trilogía, aún habrá más demandas contra el Obamacare ante la Corte Suprema durante décadas”, prevé el profesor de derecho Jonathan Adler.
La cuestión es si los millones de esos beneficiarios que suscribieron un seguro de salud a través del sitio de internet del gobierno, tienen o no derecho a exoneraciones fiscales.
Los miembros de la Corte “analizan un detalle menor de interpretación de la ley, y no sobre la constitucionalidad de todo el texto”, explica la abogada constitucionalista Elisabeth Wydra. Pero ese punto podría “dañar la ley a tal punto que desembocaría en el mismo resultado, que la ley quedaría invalidada”, indicó.
Desde la entrada en vigor de la ley en enero de 2014, los estadounidenses pueden suscribir un seguro de salud en su estado o, si éste se niega a suministrárselo directamente, ante el ministerio de Salud, que puso a su disposición el sitio de internet healthcare.gov.
Sin embargo, de los 50 estados de la Unión, 34 -la mayoría con gobernadores republicanos- se negaron a dotarse de “bolsas de intercambio”, un sistema que habilita la competencia entre compañías y los contratos de seguros.
La “Obamacare” propone ayudas fiscales a los estadounidenses que suscribieron seguros de salud en esas bolsas “establecidas por los estados”. El futuro de la ley reside en esas cuatro palabras.
Si la Corte Suprema decide interpretarlas en un sentido restrictivo, la ley ingresará inevitablemente en una “espiral de la muerte”, argumenta el Consejo de Ciudadanos por la Libertad de la Salud.
“Los días de la Obamacare están contados”, estima esta asociación favorable a la derogación de la ley. “Una victoria de los demandantes significará que toda la infraestructura se viene abajo. Sin ayudas, millones de personas no podrán asumir los pagos y simplemente eligirán no adherir al sistema”.
Frente a los demandantes -David King, un veterano de Vietnam y otros tres habitantes de Virginia- el gobierno de Obama defenderá este miércoles “la única lectura posible del texto”, según él.
Al aprobar la ley, “el Congreso tuvo, sin ningún tipo de ambigüedad, la intención de otorgar una ayuda fiscal en cada estado”, explica la secretaria de Salud, Sylvia Burwell.
Hacer una lectura restrictiva del texto tendría, según ella, “consecuencias desastrosas” por la cobertura de salud de los norteamericanos. Y desembocaría, según el experto Steven Schwinn, en un “desmantelamiento” de todo el sistema.
