El juez federal Andrew S. Hanen otorgó el jueves un plazo de 48 horas al Departamento de Justicia para que redacte y presente una moción que impida a los estados que demandaron la acción ejecutiva revisar documentos relacionados con la entrega de miles de permisos de trabajo a dreamers protegidos por una Acción Diferida vigente desde 2012 que habían renovado sus autorizaciones.
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Durante una audiencia celebrada hoy en la Corte Federal del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, los abogados del gobierno respondieron a preguntas relacionadas con la entrega de 108,081 tarjetas de empleo después del 20 de noviembre del 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció el beneficio migratorio.
Los permisos debieron ser emitidos con una duración de dos años, como lo estipula el reglamento de la Acción Diferida del 15 de junio de 2012 y no de tres, como ocurrió.
La acción ejecutiva y la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) conceden los mismos beneficios, con la diferencia de que la autorización de empleo para los dreamers solo es válida por dos años.
El 3 de diciembre del año pasado 26 estados, encabezados por Texas, presentaron ante la corte de Hanen una demanda en contra de la acción ejecutiva. Los demandantes argumentan que el presidente Obama se extralimitó en sus funciones ejecutivas y que la medida viola la Constitución.
El beneficio ampara de la deportación a unos cinco millones de indocumentados padres de ciudadanos o residentes permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era menos de 31 años al 15 de junio de 2012.
Ambos grupos, además de pedir el freno de sus deportaciones, recibirán un permiso de trabajo temporal renovable cada tres años.
Orden cautelar
El 16 de febrero el juez Hanen emitió una medida cautelar que frenó la entrada en vigor de la acción ejecutiva. El gobierno dijo que no afectaba el DACA de 2012, pero la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) ya había extendido autorizaciones de empleo por tres años a quienes estaban renovando el amparo en vez de los dos originales del programa.
Los estados demandantes, 24 de ellos gobernados por republicanos, reclamaron que el gobierno no había cumplido la orden cautelar.
En la audiencia de este jueves, los abogados del gobierno reconocieron que fueron emitidos 108,081 permisos de trabajo por tres años a dreamers que califican para DACA.
Los demandantes exigen que el gobierno abra los expedientes de los dreamers que recibieron las autorizaciones de empleo. El gobierno trata de impedirlo y de que la corte les permita rectificar lo actuado y otorgarles a los beneficiados permisos por dos años, tal y como lo establece el DACA de 2012.
La semana pasada el director de la USCIS, León Rodríguez, explicó al diario La Opinión de Los Angeles que estos permisos se emitieron únicamente a beneficiarios del DACA de 2012, y que desde el fallo del juez Hanen del pasado 16 de febrero su agencia sólo está otorgando permisos de estancia y trabajo por dos años bajo las guías del programa original.
El juez Hanen sólo frenó los beneficios migratorios de la acción ejecutiva del 20 de noviembre y dejó intacto el DACA de 2012. Sin embargo, los estados demandantes argumentan e insisten en que la Administración Obama engañó al juez porque empezó a emitir los permisos antes de la fecha formal de lanzamiento de la extensión del “DACA”, que estaba prevista para el 18 de febrero, dos días después del dictamen cautelar.
El gobierno apela
Simultáneamente a la batalla que se libra en Brownsville, la semana pasada el Departamento de Justicia movió un recurso de emergencia entregado el 23 de febrero a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, con el objetivo de que la instancia superior anule la decisión de Hanen y permita activar la medida mientras se resuelve la demanda del 3 de diciembre.
“Si hay un cambio en el estatus del fallo, USCIS consultará con el Departamento de Justicia para determinar cuál será el rumbo de acción adecuada”, enfatizó Rodríguez.
A su vez, el 13 de marzo el Distrito Federal y 14 estados pidieron a la Justicia aplicar de forma parcial la acción ejecutiva, al entender que regularizar a inmigrantes indocumentados les supondrá beneficios económicos.
Los 14 estados y el distrito federal presentaron ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleans una declaración de “amicus curiae”, una figura legal por la cual un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.
“Los estados amigos tenemos un gran interés en que salga adelante el recurso del Gobierno por los millones de residentes en nuestros estados que serían elegibles para los programas migratorios”, argumentan en el documento de 18 páginas.
En este sentido, apelan a los “beneficios económicos, humanitarios y de seguridad pública” que dejarían de recibir los estados de no implantarse el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la Acción Diferida (DACA) para jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores).
Por ejemplo, en el estado de Washington, uno de los que apoya la aplicación parcial de las medidas, la regularización de 105,000 indocumentados traería unos beneficios de 57 millones de dólares durante los próximos cinco años, según el documento.
Según el escrito, en California, donde 1,214,000 personas reúnen las condiciones para acceder a estos programas, los beneficios obtenidos vía impuestos permitirían unos ingresos adicionales en los próximos cinco años de 904 millones de dólares.
Con su escrito los estados respaldan la regularización de indocumentados, o bien, en los 24 estados que no han iniciado acciones legales contra las medidas, o bien, en todos los estados menos en Texas, líder de la coalición contra las medidas de Obama.
Texas es el único estado que argumentó en la demanda colectiva, interpuesta ante un juez federal de Texas, que sufriría daños económicos al tener que expedir licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.
Los estados que han respaldado al Gobierno son Washington, California, Connecticut, Delaware Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia.
Por su parte, los estados que se sumaron a Texas en su demanda contra las medidas de Obama son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
