El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado la noche del jueves que vuelve a prorrogar el cese al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC hasta el 31 de diciembre. Es la segunda vez que el mandatario amplía la fecha después de la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz negociado durante cuatro años en La Habana. En un primer momento, el presidente extendió el final de las hostilidades hasta el 31 de octubre. “Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes”, ha declarado.
El anuncio llega después de dos semanas de negociaciones con los promotores del no, liderados por el expresidente Álvaro Uribe a través de su partido el Centro Democrático. Aunque en la tarde del jueves, Santos y su equipo negociador recibieron el documento de 26 páginas con las propuestas del uribismo y las del también exmandatario Andrés Pastrana, no ha hecho referencia a las mismas. En su breve comunicado ha otorgado el mérito de esta prórroga al colectivo de jóvenes que lideran las marchas ciudadanas para exigir la paz en Colombia y la consecución de un acuerdo de manera inmediata. “Me exigieron poner límites perentorios. Me dijeron que no puede haber borrón y cuenta nueva. Que se requieren propuestas concretas y realistas. Muchos de ellos insistieron en que los acuerdos siguen vigentes”, ha contado. “Por esa razón y a solicitud de estos jóvenes, he tomado la decisión”.
Sobre la mesa del Gobierno siguen las medidas de los opositores al acuerdo. En Bases de un Acuerdo Nacional de Paz, Uribe exige que lo pactado no se incorpore a la Constitución “con carácter inmodificable”. El documento plantea la creación de un Tribunal Transicional, mantiene una denominación similar al del texto de La Habana, pero siempre que se integre en la estructura judicial y no se cree lo que el líder político denomina “una estructura política paralela” que, en su opinión, atenta contra el sistema jurídico colombiano. Además, propone que sus magistrados sean colombianos, mayores de 40 años, aunque permite la participación de extranjeros como “defensores de las personas procesadas”. La Justicia Especial para la Paz acordada en Cuba iba a estar constituida por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros para el Tribunal para la Paz, 18 magistrados con nacionalidad colombiana y seis magistrados extranjeros para las tres Salas de Justicia.
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Uribe también plantea en su documento penas de un mínimo de cinco años y hasta 20 de privación de libertad para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad en base al Derecho Internacional Humanitario. La oposición reconoce que podrían reducirse a entre cinco y ocho años si se asumen responsabilidades y las condenas podrían cumplirse en lugares de reclusión como granjas agrícolas. También se propone “una amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre que se entregue cualquier material bélico que se posea”.
La participación política de la guerrilla, otro de las temas que más minutos ha ocupado durante la campaña electoral al plebiscito, queda definida en el texto con una clara oposición a que la formación resultante tras el abandono de las armas esté representada en las cámaras parlamentarias por personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Se niegan también a que tengan asiento en el Consejo Nacional Electoral.
El narcotráfico debe quedar fuera de los delitos amnistiables, para el uribismo. Y las FARC no pueden participar en la creación de un nuevo cuerpo de seguridad ligado a la Policía Nacional. Estas son otras de las líneas rojas que los opositores al proceso de paz han entregado al Gobierno de Santos y ante las que esperan una respuesta antes de que se elabore un documento final que llegue a La Habana, donde la guerrilla espera hacerse oír.
