Max Villatoro, el pastor menonita de la Iglesia Torre Fuerte de Iowa City que fue deportado el viernes a su natal Honduras, teme por su vida, está buscando una oportunidad para regresar junto a su familia y dijo que si no lo consigue, está buscando un tercer país para trasladar a su esposa y a sus hijos que se quedaron en Estados Unidos.
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“No te estoy atacando, nomás diciendo si podrías poner tu mano en la consciencia, practicar amor.”
El religioso llegó de forma silenciosa a Tegucigalpa tras más de dos décadas fuera. Este lunes ofreció una conferencia de prensa, y luego habló con el noticiero Univision.
Villatoro, uno de los poco más de 11 indocumentados que viven en el país, está molesto por la forma en cómo de desarrolló su caso luego que el 3 de marzo fue detenido por agentes federales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una redada de cinco días que dejó más de 2 mil detenidos de 94 países, todos ellos con antecedentes criminales, según el gobierno.
“Yo no considero que se me debió haber tratado como un criminal y como si no importa que guardé mi record para quedarme, y que de un día para otro te atrapen y te manden de cárcel en cárcel y te traten como animal”, dijo Villatoro.
ICE explicó a UnivisionNoticias.com que Villatoro fue detenido durante una operación. “Su abogado presentó un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración para reabrir el caso, pero la junta rechazó el pedido el 19 de marzo”.
La agencia agregó que el caso de Villatoro fue considerado “un asunto de orden de prioridad 2 debido a su condena anterior por DUI”.
En 1998, con 23 años, a Villatoro le formularon cargos por manejar en estado de ebriedad, una falta que el servicio de inmigración no olvida.
Este lunes contó que, antes de ser deportado, estuvo en cinco cárceles de ICE en las que fue tratado como un delincuente. “Inmigración paga agencias privadas para que nos haga a nosotros comida. La ultima cárcel que estuve éramos como 200 personas con cuatro lavabos, cuatro toilettes para 200 personas… ¿Usted cree que no puede agarrar una infección una persona?”, preguntó.
El pastor de la Iglesia menonita dice que pagó por sus delitos y que jamás imaginó que, 17 años después de aquel episodio la vida le daría un revés, el más duro que ha enfrentado hasta ahora.
“Presidente Obama, yo sé que tú tienes corazón, yo sé que tú eres padre, esposo… ¿Cómo te sentirías? ¿Puedes ponerte por lo menos un momento en mis zapatos? No te estoy atacando, nomás diciendo si podrías poner tu mano en la consciencia, practicar amor… ¿Verdaderamente confías en Dios?”, le preguntó al presidente de Estados Unidos.
Villatoro se encuentra en el norte de Honduras y cuenta con el apoyo de familiares y amigos. Y aseguró que intentará hacer lo posible por regresar a Estados Unidos.
El Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras dijo que hará lo posible por tramitar y conseguir una visa humanitaria para que pueda reencontrarse con su familia.
En Iowa, mientras tanto, su esposa Gloria y sus cuatro hijos estadounidenses están desconsolados. Señalan que no han perdido las esperanzas y que continuarán con protestas por la deportación.
En una entrevista al diario La Prensa de Honduras publicada en su página digital, Villatoro dijo que regresar a Estados Unidos era un tema difícil y que estaba pensando en emigrar a un país “que no sea Honduras” por la seguridad de los suyos.
“El asunto es por mi familia. Yo no voy a traerlos aquí. Ellos no se merecen eso porque son de allá (nacieron en Estados Unidos). Yo voy a seguir luchando por regresar, pero si no me quieren allá, no se puede rogar. Tendré que buscar otro país que me dé el apoyo que yo necesite y la seguridad primeramente, todo padre busca la seguridad para sus hijos. Si solo tienes para comer, está bueno, pero que ellos estén bien y no te los vayan a matar”, dijo.
La esposa de Villatoro también es indocumentada. Ambos califican para la acción ejecutiva que el presidente Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado por ser padres de ciudadanos estadounidenses.
La medida está detenida temporalmente por una corte federal de distrito luego de una demanda entablada por 26 estados el 3 de diciembre, quienes argumentan que el presidente se extralimito en sus poderes ejecutivos y que la medida viola la Constitución.
