La empresa que fungió como intermediaria entre la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) y los funcionarios dominicanos para compra y venta de los aviones Super Tucano, demandó a esa entidad en ejecución de contrato y por daños y perjuicios.
Silverstar Ventures, representada por José López Perrotta, demandó a Embraer el pago de US$8,689,050.48 por “concepto de las gestiones de negocio realizados por ante los funcionarios competentes del Estado dominicano, en virtud de las cuales se lograron la firmas comerciales”.
Piden, además, una indemnización de RD$961,877,888 por los daños y perjuicios que le fueron causados por el presunto incumplimiento del contrato.
La Primera Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia está apoderado del caso, luego de que la Primera Sala de la Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declarara inadmisible el recurso que interpuso Silverstar contra la sentencia de la Quinta Sala de Primera Instancia en la cual se declararon incompetentes para conocer el recurso.
Luego de nueve meses de haberse conocido el recurso de casación (20 de enero del 2016) en la Suprema Corte aún no se ha emitido el fallo al respecto.
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La Quinta Sala acogió el incidente planteado por los abogados de Embraer, y se declaró incompetente ya que en el contrato entre ambas empresas se establece que los tribunales de Sao José Dos Campos, Estado de Sao Paulo, Brasil, son la jurisdicción competente para conocer cualquier proceso judicial.
La demanda se depositó en el año 2011, y el fallo se dio en noviembre del 2012. En octubre del 2014, la Primera Sala de la Corte de Apelación declaró inadmisible un recurso de impugnación contra la decisión por haber sido interpuesta fuera del plazo otorgado a las partes para recurrir.
“Habiendo comprobado esta alzada que ciertamente el recurso que hoy llama nuestra atención fue interpuesto luego de transcurrido el tiempo previsto por la ley, procede acoger el medio de no recibir propuesto por la impugnada entidad Empresa Brasileña de Aeronáutica”, refirió la corte.
La empresa brasileña admitió haber sobornado a funcionarios dominicanos y obtener más de US$83 millones en ganancias, al pagar a través de subsidiarias en Estados Unidos a oficiales de la República Dominicana y otros países.
Los sobornos incluyen un pago de US$3.52 millones a oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana; US$1.65 millones a un oficial saudí, y US$800 mil en Mozambique.
