Por Johnny Sanchez
La clase política vuelve a endeudarse para cumplir con promesas hechas y aún no cumplidas.
Los políticos no se animan a vivir austeramente y vuelven a emitir deuda para seguir gastando.
En Quisqueya nos encaminamos a lanzar una futura ley que deberá llamarse la del pago soberano,
que impondrá pagar sólo donde se nos dé la gana y programar pagos según nuestras prioridades.
Eso se ve venir.
Otra opción es legislar para determinar tope del endeudamiento con fuertes sanciones de no cumplirse.
Financiar el gasto corriente e inversiones en obras públicas y al mismo tiempo mantener la inviable dotación aproximada
de 1.5 millones de empleados públicos y en nominillas ocupados en tareas de relumbrón.
R.D. vuelve a las andadas: Vivir por encima de sus posibilidades, tirar manteca al techo y repudiar la disciplina financiera.
Cíclicamente abandonamos la sobriedad y moderación y optamos por el reparto de la piñata.
Para los demagogos, cualquier proyecto de obra pública es una ocasión para enriquecerse y conseguir apoyo popular, como
lo hemos comprobado en los intentos de reforma constitucional para asegurarse la reelección ilimitada.
Si esta prodigalidad se multiplicara en miles de proyectos cortoplacistas, innecesarios e intrascendentes, el resultado no es
Tomar deuda pública para no emitir papel moneda o evitar el aumento de impuestos, es una decisión que se paga con la caída
La facilidad presupuestaria para endeudarse, que vuelve a rondar por la cabeza de la clase política esconde el peligro de que,
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El “desarrollismo infraestructural” preferido por el gobierno, está basado en financiar obras públicas con emisión de deuda externa,
Pero produce los mismos efectos que el “populismo y clientelismo demagógico” que siempre criticaron cuando estaban en la oposición
¿Cómo podemos controlar endeudamientos?
Cualquier endeudamiento del Estado nacional, provincial o municipal debe destinarse a obras públicas y está sujeto a severas condiciones.
Se considera delito el desvío de fondos del endeudamiento para pagar gastos.
Los criterios legales para emitir deuda debieran ser los siguientes:
Las 8 reglas.
1º Los proyectos de obra pública, de cualquier importancia, requerirán la intervención de consultores locales o extranjeros, independientes,
para la evaluación financiera y social del proyecto. Ninguna repartición oficial debiera supervisarse a sí misma, prescindiendo de la
intervención de auditores o consultores independientes.
2º El valor actual del flujo de beneficios esperados menos el flujo de costos tiene que ser positivo, incluyendo los intereses del préstamo.
3º La tasa de interés del bono debe ser inferior a la tasa interna de retorno del proyecto, para que la inversión en obra rinda más que el
4º El plazo de pago de los cupones de capital tiene que ser inferior al período de vida útil de la obra, para no seguir abonando una obra
Es descabellado seguir pagando deuda por obras que no sirven o no funcionan.
5º El momento óptimo para iniciar el proyecto es aquél en que los beneficios netos del primer año de funcionamiento sean iguales al coste del capital comprometido.
La pérdida de oportunidades para ejecutar obras públicas básicas y esenciales repercute en daños sociales.
6º El tamaño óptimo de la obra pública resulta cuando el valor actual de los beneficios netos brindados es igual a cero? es decir que no es necesaria una obra más pequeña ni conveniente hacerla más grande.
El despilfarro del dinero público en obras suntuarias y ostentosas es una grave falta moral contra la sociedad.
7º Cuando haya restricciones de capital, para elegir entre varias obras alternativas, éstas deberán ordenarse por orden de jerarquía, haciendo un listado de proyectos según la tasa de descuento imputada a cada uno en el primer año, hasta que agotar el presupuesto destinado a inversiones.
Sin prioridades para decidir el gasto en obras públicas, la gestión del gobierno es frívola y fatua.
8º Cualquier inobservancia de estas reglas por los contratistas, el consultor independiente y los legisladores o funcionarios que intervengan en la obra,
Si los participantes en cualquier obra pública, se confabulan para obtener ventajas ilícitas, el sistema de licitaciones se transforma en latrocinio.
¿Cuál legislador se anima a presentarlo? Johnnysanchez1147@yahoo.com
