La publicación del acuerdo de delación entre la justicia de EE UU y Odebrecht, en el que se descubrió que al menos tres Gobiernos peruanos estuvieron involucrados en componendas con la constructora brasileña, ha producido sus primeras consecuencias. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Fernando Zavala, anunció ayer una modificación de la Ley de Contrataciones para impedir que el Estado contrate a compañías corruptas: “Odebrecht y otras empresas no van a poder participar en nuevas licitaciones cuando existan sanciones por corrupción”, subrayó.
Al mismo tiempo, Zavala descartó que fueran a rescindirse las obras que ya están en marcha, puesto tienen que ver con servicios públicos básicos. Algo parecido adelantó el martes el presidente Pedro Pablo Kuczynski, preguntado sobre la decisión de Colombia de cancelar los contratos de Odebrecht donde la corrupción está probada: “Hay que ser un poco más razonable. Estoy totalmente en contra de la corrupción, pero no todo lo que ha hecho Odebrecht en Perú es corrupto”.Zavala también aseguró que el Gobierno peruano facilitará las pesquisas del caso Lava Jato. “Como poder ejecutivo, tenemos el compromiso absoluto de apoyar y colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias, para que quienes resulten responsables sean sancionados”, dijo. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la asignación de un presupuesto adicional a los fiscales y procuradores anticorrupción.
Se espera que esta medida redoble los trabajos de la justicia, que según fuentes consultadas por EL PAÍS, hasta ahora han sido “sigilosos, pero eficientes”. Por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se sabe que se ha creado un grupo especial para el caso, que desde noviembre viene encauzando tres investigaciones. Comandado por el fiscal supraprovincial anticorrupción Hamilton Castro, ha viajado varias veces a Brasil para mantener reuniones e intercambiar información con el equipo del procurador brasileño Deltan Dallagnol. Unos días atrás, estuvo en Suiza, siguiendo una pista bancaria.
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Estas actuaciones se dan en medio de la polémica por la posibilidad de que el Parlamento emprenda sus propias indagaciones. El primero en criticarla fue el exprocurador anticorrupción y hoy presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Según su experiencia, las veces que el Congreso abrió una comisión investigadora, sus integrantes complicaron las averiguaciones, contaminándolas políticamente, ventilando pruebas reservadas y revelando la identidad de testigos secretos, más interesados en sus pequeñas disputas partidarias que en la persecución de la verdad.
Aunque la opinión de Ugaz tuvo eco entre varios juristas y medios de comunicación, el Congreso ha decidido intervenir —algo que está entre sus funciones—. La comisión de investigación está conformada por representantes de las seis bancadas que se reparten el hemiciclo. Es una incógnita hasta dónde podrá avanzar, teniendo en cuenta la prohibición de la fiscalía de compartir información, debido a un acuerdo de confidencialidad con Suiza y Brasil.
Por otra parte, una investigación periodística de la cadena de televisión Latina, puso al descubierto cables diplomáticos de la embajada brasileña en Lima, que revelan el poder político del que gozaron Odebrecht y otras constructoras a la hora de negociar parte del contrato de la carretera interoceánica, que une al Perú con Brasil. Otras comunicaciones fechadas en 2007 dan cuenta del interés del gobierno de Alan García porque fueran empresas brasileñas las que culminaran los últimos tramos de la carretera interoceánica. Según los cables, se ofreció conversar con los representantes de las constructoras para “analizar la posibilidad de introducir modificaciones que pudieran hacer viable su participación en el concurso”.
