En RD la descomposición nacional hace imperativo una profilaxis gubernamental

Por Guillermo Caram

Basada en 17 prioridades para el 2017

Los escandalosos acontecimientos acaecidos últimamente en el país hacen imperativo, para la sostenibilidad y supervivencia de nuestra democracia, una reingeniería gubernamental.

Dentro de estos acontecimientos podemos citar:

1. El caso Percival muestra de la inseguridad ciudadana
2. La repartición de US$ 92 millones entre funcionarios por ODEBRECHT reflejo de la corrupción
3. La venta irregular de terrenos estatales prototipo de la voracidad tras la repartición del patrimonio público entre funcionarios y allegados del régimen
4. La burla en la implementación de leyes ejemplificada en las reacciones oficiales en torno a la de declaración jurada de bienes y
5. Los magros resultados de políticas económicas y sociales evidenciados en los dictámenes de organismos internacionales.

En el caso Percival, fue necesario una reprimenda del Presidente de la Republica, al parecer enérgica, a juzgar por el cambio de rostro del sempiterno sonriente y orondo Ministro de Interior pero que lució serio y adusto en la rueda de prensa del gabinete de seguridad del gobierno; para que estos actuaran entonces con una brutalidad desproporcionada, compensatoria de sus omisiones deliberadas o no. Con este proceder el gobierno demostró que “cuando se quiere se puede” y que ordinariamente nunca quiere y que en consecuencia no actúa previsora ni preventivamente sino con indiferencia e indolencia a menos que convenga a los intereses presidenciales evidenciando uno grave falta de institucionalidad. De hecho, casos ocurridos después de los acontecimientos Percival, han pasado desapercibidos al gobierno.

La reprimenda gubernamental y las reacciones  del funcionariado relacionada con la seguridad demuestran varias actitudes contrarias al buen gobierno: Que no existe voluntad política ordinaria para superar la inseguridad ciudadana, Que el funcionariado gubernamental no está ocupándose del cumplimiento ordinariamente de sus responsabilidades gubernamentales incurriéndose en negligencias en el cumplimiento de deberes, Que es necesario una reacción presidencial para que los funcionarios actúen, Que estas negligencias se compensan con operativos desproporcionados violentando procedimientos elementales consagrados en nuestras disposiciones legales y asumidos en compromisos internacionales para la consecución de una sociedad justa y libre.

La corrupción, el funcionariado gubernamental ha reaccionado intentando sobreseer la denuncia de ODEBRECHT presentándolo como una caso que no le reviste interés a los gobernados – el “solo le interesa comer” del Ministro Peralta- como un caso ya consumado o haciendo un evasivo bulto mediático con la solicitud de expedientes a las instituciones públicos como si los receptores de los US$ 92 millones fueran ingenuos como para de dejar constancia de su prevaricación en esos documentos.

El desprendimiento irregular y a precio vil del patrimonio público, testimoniado en la venta de los tres brazos, es ilustrativo de otros actos de prevaricación escenificados en otras instituciones poseedora de patrimonios público, tanto en el presente como en el pasado, como es el caso de la apropiación de terrenos y otros activos no solo de CORDE sino del CEA y CDE entre otros.

 

La exculpación del Presidente de la Republica a funcionarios renuentes a declarar sus bienes y el descaro de otros que desfachatadamente han rehuido hacerlo – el “y que” del gobernador de La Romana – sin que ninguna instancia oficial reaccione; demuestra hasta donde se esta ignorando y estropeando la institucionalidad del país.

Y finalmente los magros resultados sociales y económicas de las políticas públicas: crecimiento económico sin distribución social, desempleo igual que 20 años atrás, riqueza mas concentrada, endeudamiento aproximándose a la incapacidad de pago o a la imposición  de sacrificios y ajustes dolorosos, descalificación educativa a pesar del 4%, empeoramiento de la salud pública a pesar de cuantiosas inversiones en hospitales y amplios fondos en la seguridad social, taponamientos en tránsito a pesar de inversiones viales, apagones y tarifas eléctricas elevadas a pesar de bajos precios petroleros, etc. ; tal y como han calificado, criticado y/o advertido importantes organismos internacionales, públicos y privados, sin que el gobierno reaccione con miras a rectificar.

El gobierno debe ser pues, objeto de una reingeniería. Estremecido en su forma de funcionamiento. Rectificando sus propósitos, políticas y procederes conforme los temas siguientes que en coincidencia con el número que caracteriza el nuevo año (17) pueden agruparse en las 17 prioridades por 17 subprioridades que consignamos a continuación:

 

1. Sustituir la economía especulativa, consumista, dependiente e informal que tenemos por una mas productora de bienes y servicios que satisfaga nuestras necesidades procurando mas autosuficiencia y oportunidades de trabajo

Superar las precariedades de nuestros servicios públicos de      

1. educación, incluyendo arte y cultura
2. salud,
3. energía

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4. transporte;

Procurar establecimientos humanos debidamente  ordenados y preservados ambientalmente:

1. En las zonas urbanas mediante reordenamiento habitacional vinculados entre lugares de trabajo y servicios
2. En las zonas rurales para apoyar el equilibrio demoterritorial y ambiental; y apoyar la actividad agropecuaria

Alcanzar una fiscalidad superavitaria  que:

1. Detenga la vorágine del endeudamiento,
2. Disminuya Los riesgos de imponer drásticamente recortes de gastos en servicios
3. Permita simplificar nuestro sistema tributario
4. Disciplinar nuestra administración pública y financiera que transmita disciplina a una sociedad que se indisciplina cada dia mas;
5. Procurar una sociedad mas sana, segura y libre de ilegalidades para lo cual se requiere combatir corrupción e impunidad  reformando nuestro sistema judicial, penitenciario y policial
6. Cumplir las previsiones constitucionales sobre en nuestro sistema político y de partidos;
7. Preservar nuestra integridad nacional amenazada por presiones fronterizas – migratorias inadecuadamente manejadas.
8. Implementar la recomendación de  concertación aludida por el Banco Mundial, partiendo con la de líderes y organizaciones partidarias para proporcionar efectividad a la concertación social establecida en el art. 251 de la constitución.
9. Propiciar la reforma del sistema de funcionamiento y financiamiento de los partidos alcanzable mediante el código electoral en agenda
10. Considerar seria y rigurosamente las disposiciones de  la constitución relativas a:

1. Capacidad de denuncia ciudadana prevista en el numeral 5 del art. 21
2. Al derecho de igualdad previsto en el Art. 39 que condena “todo privilegio” y que obliga al “Estado…promover las condiciones  jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva…”
3.  Preservar los derechos de los consumidores como indica el Art. 53 partiendo de una “información, veraz y oportuna” sobre productos y servicios consumidos y el “derecho a ser compensadas” aquellas personas que resulten “lesionadas o perjudicadas”
4. Cumplir lo dispuesto en el art. 68 sobre vinculación de todos los poderes públicos en el cumplimiento de las garantías sobre derechos fundamentales.
5. Corresponder al Deber ciudadano de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio público y al ejercicio transparente de la función pública”
6. Reglamentar rendición de cuentas mencionados en distintos artículos de la Constitución a fin de que dejen de ser instrumentos de promoción personal y mediática de los incumbentes en desmedro de las cuentas que deben rendir
7. Atender a lo dispuesto en el art. 97 relativo a la iniciativa ciudadana de someter proyectos de leyes avalados con el 2% de los inscritos en el padrón electoral
8. Emplazar al funcionamiento sistemático del Consejo de Ministros previsto en el art. 137, como punto de partida para que las demás estipulaciones sobre función pública serán rigurosamente observadas
9. Sancionar a aquellos funcionarios de dependencias que omitan cumplir la obligación instituida en el art. 144, complementado con la ley de función pública,  que prohíbe el desempeño remunerado de mas de un cargo en el Estado
10. Cumplir las leyes vigentes relacionadas con la “proscripción de la corrupción” indicada en el art. 146 y  corregir lo que está impidiendo que los poderes públicos hagan cumplir la “condena de toda forma de corrupción”
11. Adoptar las previsiones correspondientes para que se cumpla la responsabilidad civil de funcionarios por “los daños y perjuicios ocasionados las personas…por una actuación u omisión administrativa…” (art.148)
12. Reorientar las políticas económicas para garantizar que se está dando cumplimiento al art. 217 sobre la orientación del régimen económico hacia el desarrollo humano.
13. Someterse rigurosamente a la disposición del Art.233 de la Constitución relativa a asegurar “que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”
14. Procurar celoso cumplimiento, durante la aprobación de la ley sobre Presupuesto, de lo dispuesto en el art. 238: “una asignación equitativa del gasto Publico en el territorio”
15. Reformar la tributación dominicana para que cumple el mandato consignado en el art. 243 de “justicia y equidad”
16. Asegurar que la Cámara de Cuentas cumpla su obligación de controlar el patrimonio del Estado, y no solo el manejo presuPuestario, como manda el art. 248
17. Instituir la concertación política en forma similar a como el art. 251 instituyó la concertación social establecida en el art. 251