Grupos de congresistas, ayuntamientos, gobiernos estatales, estudiantes y hasta expertos legales se unieron para firmar y presentar diversos “amicus curiae” a favor de las medidas migratorias del presidente Barack Obama ante la corte federal de apelaciones que evalúa su caso.
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Las distintas argumentaciones legales, cuyo plazo de presentación concluía este lunes, piden a un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, Louisiana, que levante la suspensión temporal que pesa sobre las medidas de alivio migratorio adoptadas por el mandatario y que podrían evitar la deportación a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados.
El 16 de febrero el juez federal Andrew S. Hanen, que preside la Corte del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, emitió un dictamen cautelar que frenó la acción ejecutiva que el Presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado.
a acción ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados y les otorga un permiso de trabajo renovable cada tres años.
El gobierno, a través del Departamento de Justicia, apeló el fallo de Hanen luego de dos recursos de emergencia cuyo trámite fue dilatado.
La acción del gobierno cuenta con el respaldo de más de 70 representantes de electos de diferentes alcaldías y municipalidades procedentes de 29 estados que han firmado una carta de “amicus curiae” (amigos de la corte), en apoyo a la acción ejecutiva.
Según explicó hoy el alcalde de Denver (Colorado), Michael Hancock, en una conferencia de prensa telefónica al respecto, ciudades como la suya se han unido a otras como Nueva York, Los Ángeles, Seattle o Houston para defender que la suspensión de la acción ejecutiva “es contraria al interés público” y perjudica a las comunidades.
Los inmigrantes han hecho y hacen una contribución muy significativa a nuestras ciudades. En Denver celebramos que somos una ciudad vibrante, pero sin la historia y la aportación de los inmigrantes no sería la misma”, reiteró el alcalde.
El “amicus curiae” (amigo de la corte), es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.
Asimismo, según apuntó la congresista por California Zoe Lofgren, 181 miembros de la Cámara de Representantes también han firmado un documento similar, en el que explican que la legalidad de las medidas migratorias y subrayan que precisamente ayudan a priorizar las necesidades del sistema migratorio estadounidense.
“El Congreso tomó la decisión de pedir al secretario (de Seguridad Nacional) que implementase esas prioridades y le otorgó discrecionalidad sobre inmigración”, dijo Lofgren, que lamentó una vez más haber llegado a esta situación por la negativa del liderazgo republicano en la cámara baja de no someter a votación el proyecto de ley de reforma integral aprobado por el Senado.
La legisladora insistió en que las medidas atienden de hecho a las instrucciones dadas por el Congreso al Ejecutivo en esta materia, por lo que rechaza cualquier tipo de ilegalidad de las mismas.
“Esperamos que la corte revoque el bloqueo tras las argumentaciones del día 17”, manifestó.
Junto a ayuntamientos y congresistas, también se han unido a la presentación de argumentos en apoyo a la acción ejecutiva empresarios que consideran económicamente favorable la implementación de las mismas y hasta 150 organizaciones sindicales y de la sociedad civil.
“Los estados que están presentando la demanda están ignorando a sus propios ciudadanos, están mandando un mensaje de odio”, consideró Rocío Saenz, vicepresidenta ejecutiva internacional del sindicato SEIU, una de esas 150 organizaciones.
