El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) apoya que la Procuraduría General de la República actúe con determinación y aplique todo el peso de la ley a los funcionarios, exfuncionarios, personas y empresas que estén vinculados al pago de US$92 millones en sobornos, por parte de la empresa Odebrecht, para conseguir la adjudicación de obras públicas.
En un comunicado de prensa, la entidad afirma que ese caso podría ser considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción del país en los últimos años, ya que pone al descubierto una cultura de sobornos y de debilidad institucional.
Esta situación representa una oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el efectivo funcionamiento del sistema judicial, afirma la entidad.
“Este insólito caso ha tenido importantes repercusiones nacionales e internacionales, y ha generado un gran perjuicio económico para nuestro Estado y todos los contribuyentes”. “De igual forma, afecta de manera sensible la libre empresa, como consecuencia de la implementación de prácticas que, con el objetivo de asegurar la obtención de los principales contratos de infraestructura por parte de esta empresa, dificultaron de manera directa las posibilidades de otras empresas de acceder a los mismos, provocando incluso que muchas tuvieran que salir del mercado por esta competencia desleal”.
Asimismo el Conep reiteró su compromiso de seguir colaborando con el fortalecimiento institucional del país, así como con la promoción del cumplimiento del ordenamiento constitucional y legal, tanto por parte de las empresas privadas, como de las instituciones del Estado.
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Congreso debe investigar. Al referirse al mismo tema, la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática Dominicana (IDEM) consideró que las autoridades locales deberían exigirle a Odebrecht la devolución de los montos involucrados en los supuestos sobornos, tal como se ha hecho en otros países del continente.
La agrupación también plantea que el Congreso Nacional debe crear una comisión especial para investigar el escándalo, y la Dirección General de Compras y Contrataciones debe iniciar de oficio una investigación de todos los procesos de licitación en que intervino Odebrecht.
“Asimismo, deben seguirse todos los mecanismos institucionales, incluyendo la posibilidad de contratar auditores y expertos que realicen una auditoría independiente no solo a los procesos de licitación y adjudicación, sino también a los procesos de ejecución de todas las obras involucradas, y de manera particular a las variaciones de los precios de las mismas -durante su ejecución”.
Es relevante que se trata del segundo escándalo de pago de sobornos en el país establecido por la justicia de Estados Unidos en pocos meses, y que el anterior, correspondiente a la compra de los aviones Tucanos, no ha tenido mayores consecuencias ni esclarecimientos, expresa la entidad en un comunicado.
“El caso Odebrecht debe servir de punto de partida a un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía para poner fin a la cultura de la corrupción e impunidad que ha arropado las contrataciones públicas”.
