Por Olga Capellán.-
Compañías de servicios dejan brechas abiertas a todo tipo de especulación
El Banco Central es el único emisor de los billetes y monedas de circulación nacional, y tiene por objetivo velar por la estabilidad de los precios, según lo expresa el Artículo No.228 de la Constitución de la República.
Sin embargo, son muchas las instituciones, sobre todo aquellas empresas de bienes y servicios que accionan en el país sin el debido apego a dicha Constitución, violando con ello todos los preceptos ante los ojos de los organismos que deben velar por el cumplimiento de nuestra Carta Magna, no siendo así, debido a la falta de control gubernamental.
Desde hace varias semanas nos hemos dedicado a la investigación sobre el presente tema, determinado con ello la burda forma en que de manera silente, varios sectores de poder económico han introducido un dominio avasallante sobre el ciudadano común, que ve como cada día se le ahuyenta todo tipo de actividad, limitando su acción como lo consignan los derechos ciudadanos.
Al referirnos siempre a la forma silente en que estos sectores han perforado las necesidades del ciudadano, sin importar que solo un grupo reducido de la sociedad tiene acceso a los beneficios y participa haciendo el juego al sistema capitalista, aún consciente de que se están dejando pasar por debajo de la mesa, y es ahí donde se encuentra el perro enterrado.
Las empresas de bienes y servicios del país desde hace décadas vienen introduciendo con gran empuje un sistema silente de dolarización, no así ocurre con las Renta-Card (alquileres de vehículos) que lo hacen de manera descarada y estrepitosamente, imponiéndoles de manera obligatoria a los alquiladores de autos, con la dolarización, y como en todos los casos en complicidad con los organismos Estatales, cuando estos no muestran ningún interés en obligar que al menos se apliquen los artículos de la Constitución de la República y se respeten nuestra leyes, en lo que se refiere a la moneda de circulación nacional, siendo el peso dominicano; y permitiendo que estas empresas trabajen con libre albedrío sin ningún miramiento o control.
Las empresas Renta-Card se han convertido en estafadores de manera directa o indirectamente cuando estas obliga a sus clientes a ejecutar sus operaciones mediante el uso de Tarjetas de Créditos, con la finalidad de que si al momento de la devolución del vehículo rentado persiste algún daño, este será tazado mediante dichas tarjetas, sin embargo echan de lado la existencia de un seguro de riesgo obligatorio, quienes en tales casos cobran el mismo daño por el seguro y por la tarjeta de crédito, afectando con ello el presupuesto personal del tomador del vehículo rentado.
Resulta que a la hora de tomar un vehículo en alquiler, los requisitos son los siguientes: Permiso de conducir vigente, seguro de riesgo, que aunque va por Renta-Card, en caso de daños significativos estas empresas cobran por el seguro y por la tarjeta.
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Los precios son calculados en dólares, aunque la República Dominicana no es productora de dólares, ya que su moneda es el peso dominicano, como está consignado en el Artículo 228 de nuestra Constitución.
Esta situación viene permitiendo todo tipo de conjetura, pues estas empresas de servicios, dejan abierta una brecha que permite mirar detrás del espectro comercial, donde se esconden posibles movimientos ligados al lavado de activo, y esto en la mayoría de este tipo de empresa que funcionan mediante el mismo sistema.
En realidad este tipo de negocio, mayormente es utilizado como traba o cebo para el lavado de activo y además, los cobros en dólares fortalecen esa presunción al cultivo de especulación. Es decir: los negocios de servicios manejan cifras económicas disfrazadas en base en la oferta y la demanda, sin que nadie observe bien con una lupa detrás del cristal, porque de hecho ellos cobran en dólares o en su equivalencia.
Denuncias hubo:
Son muchas las denuncias sobre casos sospechosos acontecidos mediante los alquileres vehiculares, donde se han producido robos de vehículos en alquiler, aún poseyendo sistema de bloqueo anti robo.
Con esta acción se presume la existencia de estafa escondida detrás de las Tarjetas de Créditos, ya que estos vehículos solo podrán ser movilizados de cualquier aparcamiento mediante el uso una llave original del propio vehículo, ya que en caso de robo la Renta-Card por cada vehículo robado cobra una determinada suma en dólares, debitada de la tarjeta bancaria puesta en garantía.
En la República Dominicana las empresas Renta-Card están todas en mano de sectores poderosos, evitando a como dé lugar ser vigiladas por los organismos competentes, porque en este país el que exhibe el poder económico, impone las reglas.
En conclusión el Estado debe echar una miradita a estas empresas de servicio y proteger a los consumidores, en este caso, los tomadores en alquiler de autos a través de la Renta-Card y obligar a que se acojan a la Ley Monetaria Dominicana o/y a nuestra constitución.
