SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El expediente por presunta corrupción contra el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, cuyo archivo fue dispuesto por los tribunales del país, es señalado por el Departamento de Estados de los Estados Unidos como ejemplo de la falta de voluntad para combatir el mal en la República Dominicana.
These are recommended to ED patients and for those who are planning a generic sildenafil uk romantic weekend. In such case, you need to speak to a doctor or pharmacist, get a prescription, instead get exercise and reduce body fat. viagra 50mg online Ailments associated Anatomical Significantly, the Peyronie’s disorder, which low price cialis supposed to hurt the tissue of the male lovemaking part results with an anatomical issue, which ends in impotence complication. More than half heard their initial diagnoses about prices cialis 10 years ago.
En un informe sobre la situación política, democracia, derechos humanos, seguridad, corrupción y transparencia en la República Dominicana en el último año (2016), el Departamento de Estados (cancillería) estadounidense resalta una serie de debilidades del país caribeño, y particulariza en el caso de Díaz Rúa.
“El 8 de septiembre (7 de septiembre en realidad), la Corte Suprema desestimó el caso de corrupción contra el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, por falta de pruebas. El caso de Díaz Rúa había estado pendiente durante dos años después de que una detallada auditoría del gobierno revelara una mala administración financiera y millones de dólares en bonos no autorizados”, dice el informe en su sección 4.
El expediente por presunta corrupción contra Díaz Rúa fue instrumentado por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, mientras que el archivo definitivo del caso fue dispuesto por la Suprema Corte de Justicia el 8 de septiembre del 2016, adquiriendo así, categoría de lo irrevocablemente juzgado. En la causa figuró como denunciante la Fundación Primero Justicia.
El informe de Estados Unidos dice que las leyes dominicanas contemplan penas criminales contra la corrupción oficial, pero que sin embargo, el Gobierno no aplicó las aplicó de manera efectiva y por consiguiente, los funcionarios frecuentemente participaban en prácticas corruptas con impunidad.
“El fiscal general (procurador general) investigó a funcionarios supuestamente corruptos, pero no aseguró ninguna condena contra altos funcionarios. La corrupción gubernamental seguía siendo un serio problema y agravio público”, dice el informe refiriéndose a los acontecimientos del 2016.
Durante el referido período, reseña el informe, el Ministerio Público fue responsable de investigar y procesar casos de corrupción a través de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), pero además, la Cámara de Cuentas auditó la rendición de cuentas del Gobierno a través de investigaciones que fueron la base de muchos casos de corrupción para el PEPCA.
Dice que tanto la Cámara de Cuentas como la Contraloría General de la República funcionaron de manera independiente y parecían libres de influencia política, pero se quejaron de falta de recursos financieros, en tanto que las organizaciones de la sociedad civil creíbles dijeron que “el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas era la falta de voluntad política para aplicar la ley y perseguir a los políticos de alto nivel”.
“Corrupción: Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la práctica generalizada de otorgar cargos gubernamentales como patrocinio político y alegaron que muchos funcionarios no tenían que desempeñar ninguna función de trabajo por su salario”, dice el informe.
Como problema de corrupción en el país también son mencionados los casos de extorsión policial en los retenes y operativos de seguridad de rutina. “Según informes, la policía detuvo a conductores, entre ellos turistas extranjeros, y solicitó dinero a cambio de su liberación”, agrega.
Los policías e inspectores de migración habrían incurrido en este período, en extorsión contra inmigrantes indocumentados de ascendencia haitiana, a quienes amenazaban con deportarlos.
“Las ONG informaron de incidentes de corrupción entre funcionarios militares y de inmigración estacionados en puestos fronterizos y puestos de control”, reseña.
De igual modo, se establece que funcionarios del sistema carcelario aceptaron sobornos a cambio de hacer recomendaciones de liberación de prisiones por razones de salud.
Se indica que el Gobierno en ocasiones usó sanciones no judiciales para castigar la corrupción, incluyendo el despido o traslado de personal militar, oficiales de policía, jueces y otros cargos menores involucrados en la toma de sobornos y otros comportamientos corruptos. “Sin embargo, la aceptación generalizada y la tolerancia de la pequeña corrupción obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción”, agrega en este punto.
