Ramon Collado
El sin precedentes caso Odebretch tiene al Gobierno dominicano, al igual que a otros gobiernos alrededor del Planeta, contra la pared. De nada ha valido que la maquinaria mediática del Estado dominicano haya tratado de contrarrestar la abrumadora cantidad de elementos que resaltan los actos de corrupción potencialmente cometidos por el Estado dominicano, los cuales implicarían una gran cantidad de funcionarios de alto rango—ministros, directores, senadores, diputados, presidentes, entre otros—en el caso Odebretch.
Recientes indicios autoritarios y represivos por parte del Estado dominicano, como el constante boicot al programa “El Jarabe” del periodista Marino Zapete, esencialmente por el hecho de que Zapete ha sido muy crítico de la actitud irresponsable de este Gobierno y de otros gobiernos del pasado, y las constantes amenazas hacia la comunicadora Faride Raful, por sus incisivas críticas al Gobierno y sus incesantes clamores de poner fin a la impunidad, ponen de relieve la intolerancia y desesperación del Estado y envían un mensaje claro a la población de que el Gobierno quiere encubrir su tinglado mafioso a como dé lugar.
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La inmundicia que ha esparcido el caso Odebretch en toda Latinoamérica y el resto del mundo, sin embargo, es imposible de apañar. El Gobierno dominicano nunca imaginó que el escándalo de Odebretch destaparía cuán gusanera y alcanzaría esta estatura. Por ello, en esta coyuntura histórica, el poder político y mediático del Gobierno no ha podido calmar las ansias de justicia que tiene el pueblo dominicano—ni siquiera las ‘Bocinas del Gobierno’ han logrado distorsionar el avasallante impacto que ha tenido el caso Odebretch en la República Dominicana.
Lo cierto es que mientras más inmundicia sale a luz, la situación se vuelve más tensa. Las Marchas Verdes contra la impunidad y la corrupción, la indignación demostrada por la población en las redes sociales, las acciones contundentes tomadas por países vecinos en contra de la corrupción e impunidad, la insistencia mediática del Estado dominicano para desinformar a la población, y el deseo de los dominicanos vivir en un mejor país encuban la posibilidad de un caos social. Este caos, sin embargo, podría ser evitado si el Presidente Medina dimitiera, se realizaran nuevas elecciones en un período de 90 días, y se tomaran, entre otras medidas, pasos para conformar una comisión de jueces domésticos y/o extranjeros independientes e imparciales que investigue los actos de corrupción de Odebretch en la República Dominicana, al igual que otros casos recientes de corrupción.
La prensa internacional, el Departamento de Estado de EEUU y los imputados que ya han ‘soltado la sopa’ en Brasil, entre otras fuentes, no pueden estar todos equivocados en la parte del caso Odebretch que involucra a la República Dominicana. Es desequilibrado pensar que si Odebretch utilizó a Joao Santana para sobornar y patrocinar campañas políticas en múltiples países de Latinoamérica y el resto del mundo, República Dominicana sea la excepción—no olvidemos que República Dominicana apareció como el tercer más alto receptor de sobornos de Odebretch en el reporte del Departamento de Estado de los Estado Unidos de América.
En síntesis, el dinero invertido en propaganda desinformativa no ha podido confundir a la población y no detendrá la profilaxis que el pueblo dominicano desea se realice en el Gobierno dominicano. Es evidente que la situación se está poniendo color-de-hormiga, mientras el Gobierno se toma la indignación del pueblo a la ligera. Por tanto, si no se adoptan las medidas correspondientes, en un corto tiempo la indignación del pueblo pudiese transmitirse a las calles de la República Dominicana. En este punto contencioso en que se encuentra la República Dominicana, el Presidente Medina deber tomar la atinada decisión de dimitir; o de lo contrario, sobre él recaerá la responsabilidad histórica del sangriento, nefasto, desastroso caos que se avecina.
