Las órdenes impartidas en un memoradum el martes por el fiscal general en la frontera con Méxicosuponen un cambio mucho más importante de lo que puede parecer. Entre otras medidas, Jeff Sessions anunció que aumentarán los castigos a los indocumentados que regresan sin permiso después de ser deportados y perseguirá a quienes transporten o den albergue a extranjeros sin autorización para permanecer en el país. Esto ya eran delitos perseguidos en EEUU. Sin embargo, según abogados consultados por Univision Noticias, la novedad es significativa.
“El problema es que todo lo que había dicho el presidente Trump con las órdenes ejecutivas del 25 de enero, era un mandato para inmigración. Pero ahora Sessions extiende ese mandato a los tribunales criminales”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
“Supongamos que una persona indocumentada vuelve a Estados Unidos después de ser deportado. Bajo la orden de Trump, ya era una prioridad para las cortes de inmigración, pero ahora bajo la orden de Sessions, ese individuo pasa bajo la jurisdicción del US Marshall (y sus casos serán tratados en las cortes criminales). Eso significa que las penas serán más severas que las actuales, que ya de por sí son duras”, explica.
Hasta ahora las cortes de inmigración sancionan el reingreso indocumentado después de una deportación con penas de cárcel de hasta dos años. Después de la sentencia son deportados.
“En muy pocos casos los indocumentados que regresan sin permiso tienen la posibilidad de pedir asilo o buscar la protección bajo el convenio contra la tortura”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que durante 15 años sirvió como fiscal en las cortes de inmigración. “En esos casos pueden ver a un juez. Pero en la mayoría de detenciones, cuando los deportados reingresan sin autorización, van directamente del centro de detención de ICE a la corte federal con los cargos ya levantados”, agrega. Con las nuevas órdenes, señala, “se endurecerán los procesos y también los castigos”.
Delito grave (felonía)
Además, Hernández advierte que a partir de ahora ciertas faltas de inmigración se complicarán porque “serán vistas en los tribunales criminales como felonías (delitos graves)”. Bajo esta categoría, la justicia estadounidense sanciona los casos de violación, secuestro, tráfico de drogas o asesinato.
“Cuando lleguen a las cortes los casos de reingreso indocumentado después de una expulsión, los castigos van a ser más severos”, subraya Hernández. “Y cuando por fin salgan del proceso penal, nunca más van a ser elegibles para poder permanecer legalmente en Estados Unidos”.
Agregó que cuando un indocumentado llegue a esta instancia “las penalidades no solo se incrementarán, sino que se articularán”, y los indocumentados corren el riesgo de ser procesados por otras faltas adicionales al proceso.
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“Les pueden agregar más cargos que, hasta ahora, también eran vistos solo por los tribunales migratorios”, indicó.
Transportar a un indocumentado
El castigo al reingreso indocumentado después de una deportación no es lo único que preocupa a abogados y activistas. Sessions también anunció el martes que las autoridades encarcelarán a quienes transporten a un indocumentado, sin dar mayores detalles si la orden también podría afectar a los matrimonios mixtos, donde un ciudadano está casado o convive con un conyugue indocumentado.
“Usualmente los esposos no son un problema, tampoco los hijos de un matrimonio mixto”, dice Hernández. “Pero si un ciudadano tiene un roomie (compañero de casa o de habitación) indocumentado, bajo las reglas de Sessions no sabemos si serán sancionados o penalizados”.
El problema mayor, dice Jaime Barrón, un abogado que ejerce en Dallas, Texas, “es que Sessions ha pedido que los tribunales criminales trabajen en equipo con los tribunales de inmigración. Es decir, lo que hasta ahora había sido procesado por las cortes de inmigración bajo la ley de inmigración, ahora serán vistos bajo la ley criminal. Habrá sanciones más duras y más chances para deportar a inmigrantes”.
“Nos atan las manos”
Activistas que brindan ayuda a inmigrantes en la frontera temen que el anuncio de Sessions afecte el trabajo humanitario que llevan a cabo.
“Para mi el gobierno esta mandando el mensaje de que no se va a permitir nada de humanidad en nuestro país”, dice Petra Falcon, directora ejecutiva de Promise Arizona, una organización de ayuda a inmigrantes sin fines de lucro. Su organización se dedica a ayudar a los inmigrantes más vulnerables. Pero como incide, las nuevas medidas, “nos atan las manos”.
“Esto es contra la Constitución, contra nuestras creencias de fe para apoyar a nuestro prójimo”, señala la activista. “El gobierno no puede quitarle la misión a la comunidad de justicia. Lucharemos contra este nuevo anuncio que ayer nos hizo el Fiscal General”.
“Esperamos respuestas para saber si nos van a castigar por llevar a alguien indocumentado en mi carro, por ejemplo al médico. O si la policía va detener vehículos para revisar quiénes van en el interior. Pienso que todo esto son anuncios para meternos miedo”, incide.
